03 de Oct de 2022

  • Redacción Digital La Estrella

Opinión

Gestión académica

H ace algunos años visitamos por motivos profesionales un colegio secundario que tenía poco tiempo de haber sido inaugurado en el distri...

H ace algunos años visitamos por motivos profesionales un colegio secundario que tenía poco tiempo de haber sido inaugurado en el distrito de Arraiján. Al rato de estar allí, aprecié que había una curiosa situación de desgreño físico y abandono. Uno de los factores de este panorama era una pugna entre el director y el subdirector, que había afectado todo el sistema y las relaciones derivadas.

Como producto de este extraño clima, la biblioteca del colegio estaba cerrada, pues se había despedido a la responsable, quizás como signo de poder de alguna de las partes en conflicto. Ante esta situación, una madre de familia, ama de casa, decidió hacerse cargo del servicio y poner a disposición de los estudiantes el acervo bibliográfico y todos los días cumplía esta labor con eficiencia y sin salario.

Esta ejemplar experiencia vino a la memoria en estos días al conocer sobre una diferencia de opiniones de las autoridades del Ministerio de Educación y algunos grupos de educadores en relación a la aprobación del decreto 920 que establece lineamientos sobre la gestión en los centros escolares. De acuerdo con la norma, se amplía la responsabilidad de proveer fondos para la escuela, a otros actores de la comunidad.

Para dilucidar este choque de criterios, es necesaria una precisión conceptual del término ‘gestión’. De acuerdo con los investigadores Liliana Zamboni y Hugo René Gorgone, en un análisis sobre la innovación educativa, la palabra se refiere al ‘conjunto de actividades encaminadas a facilitar la transformación de las condiciones institucionales con espíritu de renovación, controversia y de investigación’.

Según el grupo de educadores quejosos, la institución pretende incluir elementos de ‘privatización’ en dicha gestión. La ministra defiende la posición educativa y considera que no existen esos rasgos en la norma; que es necesario ampliar el nivel de compromiso frente a la realidad pedagógica del país.

Los autores citados exponen que ‘Una institución educativa que comprenda y le interese implantar un sistema educativo orientado al logro de la calidad de la educación, debe transformarse en agente de cambio que establezca estándares y pautas para los procesos de enseñanza aprendizaje, poseer los recursos para afrontar los costos y adquirir tecnología de punta, crear la infraestructura necesaria, mantenerla y actualizarla constantemente y diseñar una estructura organizacional distinta, con esquemas administrativos flexibles e innovadores’.

De acuerdo con estas ideas, se requieren aires de transformación en todo el proceso y para alcanzarlo, el Estado orienta, pero no es suficiente factor para soluciones integrales y es necesario involucrar a la población, a la sociedad en su conjunto, pues a ella concierne en primera instancia, la formación de las generaciones que vienen en ascenso.

No es posible por ejemplo, que cada verano, los establecimientos educativos se conviertan en rincones para hurtar computadoras, baños, mobiliario y todo se produzca porque el Gobierno (ministerio) no puede mantener una planilla de celadores para resguardar el centro de formación que una comunidad tiene en su seno y nadie allí parezca interesarse en la seguridad de esa propiedad de todos.

El enfoque de los educadores en discordia sobre la disposición recientemente aprobada es estrecho y fuera de toda proporción. Se requiere, por el contrario, de un conjunto de fuerzas desde todos los sectores que con un alto grado de conciencia, reconozcan que están vinculados en la formación de niños y jóvenes en un ambiente adecuado.

La gestión no puede ser adjudicada al Gobierno de manera monopólica, pero desde sus autoridades debe surgir un eficaz llamado al conjunto de la sociedad para brindar una atención de mayor prioridad en torno a lo que ocurra en las aulas.

PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.