Un impuesto para imponer justicia

Desde hace 18 años las empresas licoreras pagan un promedio de diez millones de balboas al año en impuestos. Hoy, venden doce veces más, el aguardiente en todas sus variantes tiene un valor superior para el consumidor.

Esto sin tomar en cuenta que todavía no existen políticas públicas, ni de responsabilidad social por parte de las empresas que producen y venden el guaro, para que la ingesta de bebidas alcohólicas sea un hábito ejercido con responsabilidad.

He presentado ante la Asamblea Nacional de Panamá un anteproyecto de ley, que he pedido a todos mis colegas se convierta en Ley de la República, para ajustar, equilibrar y llevar el impuesto selectivo que se cobra a los licores a tasas justas y de acuerdo a los tiempos que vivimos.

Este impuesto y es muy importante aclararlo, para evitar malos entendidos, no es para el consumidor, sino para la producción y venta al por mayor de cualquier licor de producción nacional o extranjera.

No es aceptable ni moral, ni económicamente que, de acuerdo a estimaciones no oficiales, un 20 al 40% del licor de producción nacional entre a la Zona Libre de Colón para su exportación y, por razones no explicadas, reingrese al territorio nacional sin pagar impuestos y con todas las exensiones y ventajas que dan las leyes para exportar.

Tampoco se puede considerar correcto, ni aceptable que los licores paguen menos impuestos, cada vez que se van poniendo añejos, o sea que cada doce meses, se les descuenta un cinco por ciento del impuesto a partir del cuarto año de envejecimiento.

Y resulta, ¿sabía usted que el licor añejo es más caro según la edad de envejecimiento y cuesta mucho más si es el llamado licor de lujo, pero paga casi nada?

Pretendemos que este entuerto se enderece eliminando de una vez por todas, para todas las empresas, el descuento que se da en los licores añejos que llega inclusive a la cifra de 40% de exoneración.

¿Cree usted que esto es correcto, mientras más cobran y más ganan, menos pagan?

Estos tributos no irán a la caja común del Estado, como siempre ocurre con los impuestos.

Si los diputados lo aprueban, como espero sea, sin oposición alguna, los recaudos irán al programa de jubilación de la Caja del Seguro Social (CSS) para fortalecer las jubilaciones de nuestros viejos.

La invalidez, vejez y muerte, el programa clave de la seguridad social panameña, necesita fondos y de ahí saldrá un porcentaje importante.

Otro porcentaje irá a los programas de lucha antituberculosa y al Fondo Habitacional, para que se fortalezcan los planes de viviendas de interés social.

La producción y venta de los aguardientes de caña, miel, meladura, melaza, vinos, licores finos y la cerveza pagarán ahora lo justo y todas las empresas tendrán que colocar a las botellas un ‘chip’ o sello electrónico que permitirá a las direcciones de Aduanas e Ingresos detectar si ese licor estaba destinado a la exportación y fue metido al mercado local de forma ilegal.

La trazabilidad terminará con un juegavivo que ocurre desde hace décadas, mientras las autoridades miran hacia otros lados.

Se simplificarán los tributos, se cumplirá con un mandato de responsabilidad social empresarial, del cual las empresas licoreras no pueden escabullirse y se hará justicia, porque en el primer año se recaudarán 15 millones adicionales y los dineros irán a sectores donde se necesitan con urgencia.

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA.