Washington, ¿encubridor?

Distintas fuentes aseguran que Vernon Ramos, el analista financiero de la Superintendencia del Mercado de Valores que investigaba a Financial Pacific, se encuentra en EE.UU. De ser así, ¿por qué el gobierno de Washington, sabiendo que el personaje es dado por desaparecido en Panamá, no ha emitido ninguna señal pública sobre un caso que tiene implicaciones internacionales?

La reconstrucción de los hechos en torno a Ramos parece indicar que preparó cuidadosamente su desaparición. Se despidió de sus hijas y su esposa con recomendaciones específicas en torno a su ausencia, como si iniciara un largo viaje de dudoso retorno.

A los comprometidos en el caso de Financial Pacific les conviene que Ramos haya salido de escena, junto con la información de que dispone. Por eso se torna cuestionable que si alguna agencia estadounidense posee datos sobre este caso, no los dé a conocer. Guardar silencio, es lo mismo que convertirse en encubridor.

Ya es historia nacional el pecado original cometido por EE.UU. al fraguar la alianza política que llevó al poder a Ricardo Martinelli. Una acción planificada, con el respaldo confeso del diario La Prensa, bajo el criterio de que cualquier opción era mejor que el PRD. La embajadora estadounidense Barbara Stephenson, que actuó como hada madrina de Martinelli en esa componenda, pronto enfrentó la decepción y la alarma. Martinelli, solo un mes después de instalado en el Palacio de las Garzas, amenazó a Stephenson con expulsar a la DEA si no satisfacía su obsesión de espiar a sus adversarios políticos. Los diplomáticos estadounidenses sospechaban que Martinelli ‘estaba tratando de impedir que la DEA se enterara de la corrupción reinante entre sus familiares y allegados’. Stephenson, frustrada, calificó a Martinelli como un peligro para la democracia en Panamá por ‘su tendencia al acoso y al chantaje’.

Las filtraciones de Wikileaks pusieron al descubierto que Ramón Martinelli Corro, primo del gobernante y preso desde el 2009 en México por lavado de dinero, ‘hacía pasar mensualmente decenas de millones de dólares provenientes de la droga’ a través del aeropuerto internacional de Tocumen. Otro cable dio como un hecho que Salomón Shamah, ministro de Turismo, ‘tiene conexiones con traficantes de droga conocidos’. Esas mismas filtraciones vinculaban a su hermano, Alberto Shamah, con David Murcia, preso en EE.UU. por lavado de dinero. Murcia desarrolló en Panamá la mayor parte de sus negocios ilícitos, antes de ser extraditado a Colombia y luego a EE.UU.

El narcotraficante mexicano Edgar Valdez, alias La Barbie, reconoció haber realizado operaciones de lavado de dinero ilícito en Panamá a través de empresas de papel. Otro tanto hizo Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, quien declaró que entre 1993 y 2001 transfirió cientos de millones de dólares producto del narcotráfico a través de bancos de diferentes países, incluyendo Panamá. Ambos fueron extraditados a EE.UU. Esos casos han permitido a las autoridades estadounidenses reunir abundante información sobre operaciones de lavado de dinero en Panamá que no pueden realizarse sin complicidad de altos funcionarios, de bancos, empresas y sociedades locales, el sistema judicial y los estamentos de seguridad.

La embajadora Phyllis Powers, sucesora de Stephenson, dijo que en Panamá se ha incrementado la ‘corruptora influencia del narcotráfico’. Pero el actual embajador estadounidense, Jonathan Farrar, pese al pedido de senadores para que levante la voz ante los excesos de Martinelli y sus violaciones a las instituciones democráticas, ha elegido el silencio para caerle bien al régimen local.

Martinelli había apostado al triunfo de la derecha republicana en las elecciones presidenciales del 2012, calculando tener menos presiones en el último tramo de su régimen, pero ahora el segundo mandato de Obama no parece preocuparlo. Con John Kerry como nuevo secretario de Estado —quien desde la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado inició las primeras investigaciones que concluyeron con el derrocamiento de Manuel Noriega y su enjuiciamiento en EE.UU.— no hay que crearse muchas expectativas sobre una mayor consecuencia de la política de Washington hacia Panamá.

Los negocios de las empresas estadounidenses con la entrada en vigor de los tratados comerciales parecen tener prioridad en la agenda bilateral, frente a principios como la vigencia del Estado de derecho, los valores democráticos, los contrapesos de las instituciones, el respeto a la sociedad civil y a la libertad de expresión.

PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.