Impedir impunidad a conductores

Retornan del jolgorio, como es costumbre, miles de panameños. Según la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) decenas de miles de vehículos se trasladaron al interior del país para disfrutar del largo fin de semana, ‘las fiestas del carnaval’. A pesar del operativo efectuado, con la participación de diferentes estamentos de seguridad, para vigilar carreteras, calles, playas, ríos u otros lugares donde se celebraron las fiestas carnestoléndicas, se registraron accidentes de tránsito, algunos con víctimas fatales, producto de la negligencia e imprudencia al manejar en estado etílico o exceder límites de velocidad.

Tristemente estos accidentes son originados frecuentemente por conductores que desatienden la orientación ofrecida por la ATTT y la Policía Nacional. Terminan, en algunos casos, con su propia vida, así como daños irreparables a terceros, ocasionando luto, dolor y muchas veces discapacidades vitalicias a personas que nada tienen que ver con su irresponsabilidad. Esta realidad no es nueva, lamentablemente la circulación vehicular es donde se manifiesta con mayor insistencia la actitud agresiva o desmedida de muchos ciudadanos irresponsables y se profundiza en épocas de carnaval, donde el licor libera las inhibiciones y exacerba los desenfrenos.

De por sí, en tiempos normales, una alta proporción de conductores hace caso omiso a las señalizaciones y reglamentaciones de tránsito, poniendo en riesgo la vida de peatones, pasajeros y la propia, al no conducir con sensatez, prevención y cortesía. Ahora con los múltiples cierres de calles, producto de los trabajos de ampliaciones o arreglos de vías, que si bien son convenientes, no necesariamente deben ejecutarse todos a la vez. Se puede observar cómo la incomodidad causada genera tanto estrés en los conductores, que provoca se acentué la marcada falta de cortesía en el manejo, y se incrementen los niveles de agresividad, al sentirse sometidos en una ciudad sitiada.

Este contexto evidencia la apremiante necesidad de instaurar programas permanentes de educación vial que ayuden a transformar la actitud de conductores, transeúntes, autoridades de tránsito y comunidad, para edificar una cultura de respeto a las leyes, normas y reglamentos; para así prevenir e impedir accidentes. Únicamente por medio de la institucionalización de programas serios, objetivos y continuos de educación vial se logrará crear conciencia en la ciudadanía y dotarla de capacidades y hábitos necesarios para solucionar esta grave dificultad que aqueja a la sociedad, al grado de convertirse en un problema de salud pública.

Es imprescindible el establecimiento de controles efectivos y aplicación de penalizaciones de trabajo comunitarios, en las calles, a quienes quebranten las reglamentaciones establecidas, causando accidentes, poniendo en riesgo la vida de terceros y elevando los índices de víctimas parciales o fatales.

La educación vial es una prioridad a resolver, debe considerarse como parte trascendental de la enseñanza integral de los miembros de la sociedad. Esta consiste en el establecimiento de prácticas y cualidades efectivas de coexistencia para el mejoramiento de la calidad de vida.

Solo cuando se instauren instrumentos legales efectivos que impidan la impunidad y unifiquen esfuerzos, con todos los actores de la sociedad civil, para establecer programas de educación vial formales e informales, que conquisten la conciencia de toda la sociedad, se conseguirá disminuir los riesgos de accidentes de tránsito.

ECONOMISTA Y EDUCADORA.