Pueblos Indígenas, excluidos de la agenda del gobierno

P anamá es un país de contraste en el que se combina, por un lado, un sector dinámico, actividad modernas, estilos y niveles de vida sofisticados y fuertemente integrados a la sociedad global. Es un país en el que se ha logrado un elevado índice de crecimiento económico e indicadores sociales que, en promedio, son altos y, por otro lado, está un Panamá cuya población es terriblemente pobre, atrasada, excluida, tanto de la economía global como de la propia economía nacional, con ingresos y niveles de vida extremadamente bajos y sin acceso a las oportunidades; nos referimos a los Pueblos Indígenas de Panamá.

A pesar de las grandes riquezas que poseen los territorios de los Pueblos Indígenas, el Estado panameño no cuenta con una política de desarrollo indígena explícito y coherente, para dichos territorios y poblaciones no se toman en cuenta las instituciones y estructuras tradicionales, para que los indígenas sean actores de su propio desarrollo para las presentes y futuras generaciones. El tema de la integración equivalente al exterminio cultural, parece estar en la agenda consciente de las entidades públicas.

La comarca Ngäbe-Buglé fue creada en nuestro país mediante la Ley 10 de 7 marzo 1997, norma que ha sido desarrollada por el Decreto Ejecutivo 194 de 25 de agosto de 1997 (Carta Orgánica de la Comarca), cuenta con una superficie territorial aproximadamente de 6,944.06 km cuadrados, que representa el 9.2% del territorio nacional de la República y una población, según el Censo Nacional de 2010, de 284,970 habitantes.

Esta población representa uno de los grupos más vulnerables de nuestro país y de mayor desventaja socioeconómica, aspectos estos que lo ubican como una de las regiones en donde más se profundiza la ‘extrema pobreza’. Así lo evidencian diversos estudios que han realizado en el país instituciones como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Mundial.

La Ley del 10 de 1997 y su Carta Orgánica constituyen el marco legal que otorga el Estado Nacional a los Ngäbe-Buglé. Les garantiza su autonomía y autodeterminación como un derecho humano y sus valores básicos: la dignidad humana inherente, la no discriminación, la igualdad, la equidad y la universalidad y responsabilidad que a todos nos atañe. Estas normas deben desarrollar dentro del marco de los principios fundamentales adoptados por la sociedad contemporánea de respeto, participación y decisión informada.

Es deber del Estado panameño garantizar que esos derechos se hagan efectivos en la realidad y en la practicas en la Comarca Ngäbe-Buglé, que sean conocidos, comprendidos y disfrutados por todos ellos; sin embargo, la realidad es otra, la situación de los Ngäbe-Buglé no ha cambiado en nada después de haber creado esta comarca.

El pueblo Ngäbe-Buglé forma parte del Estado panameño y como tal cuenta con un régimen especial de gobierno interno, aún conserva sus costumbres tradicionales y todas las manifestaciones culturales propias y comunitarias. Estos valores le permitieron subsistir casi ignorado durante el siglo XX, hasta cuando decidieron demandar sus derechos como ciudadanos panameños, derechos a la tierra, derechos a los recursos naturales, derechos a llevar una vida decente. De esta forma se ha logrado resaltar y promover los valores culturales, las riquezas ecológicas e históricas que le acompañan.

Al Estado panameño le corresponde programar y desarrollar la investigación histórica y científica necesaria para cumplir los objetivos de estudios, conversación y enriquecimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural de la nación Ngäbe-Buglé.

De una política de extracción y conflicto, pasamos con una propuesta a valorar la riqueza de la Comarca, respetar las decisiones tomadas de forma consultada y consensuada, lo que promoverá centros de desarrollo, cuyo impacto permitirá también impulsar una Política Indigenista de desarrollo de acuerdo a su cosmovisión y cultura.

EXLEGISLADOR DE LA REPÚBLICA.