Reglas claras

Después de visitar los trabajos de ampliación del Canal, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quedó deslumbrado. Lo impresionó el efecto multiplicador que la ampliación del Canal está teniendo en el resto del mundo, y la reorientación que podría provocar en las cadenas globales de valor, comentó en un artículo publicado esta semana en el diario madrileño El País.

En el marco de la reunión de gobernadores del BID reunidos en Panamá, Moreno consideró la oportunidad histórica que significa construir un corredor logístico de categoría mundial que vaya desde México hasta Colombia.

El BID se comprometió en acompañar con financiamiento esa iniciativa que permitirá a la región enfrentar las demandas del creciente mercado de consumo, la instalación de nuevas fábricas y centros de servicio y mejorar la competitividad en la exportación de manufacturas.

Desde distintas partes del mundo emprendedores visionarios están mirando a Panamá y a sus países vecinos como posibles bases para producir y distribuir productos en mercados que actualmente no resultan rentables, comentó Moreno.

Aseguró que los exportadores de acero de Brasil, cobre de Chile y de productos electrónicos de China están sacando cuentas sobre las economías de costos, tiempo e insumos que significará en canal ampliado. ‘La ventana de oportunidad generada por la ampliación del Canal será breve. Si no encuentran un ecosistema de logística, energía y transporte de categoría mundial en Mesoamérica en el 2015, los inversores lo buscarán en otras latitudes’, añadió.

‘Solo falta decisión, coordinación y reglas claras’, precisó Moreno.

Panamá, por su parte, está aprovechando al máximo su posición geográfica, ejecutando obras paralelas al Canal ampliado. Entre los nuevos proyectos está el puerto de Corozal que planea construir la Autoridad del Canal de Panamá.

Todos los proyectos y las obras de infraestructura que están en marcha, muchos de los cuales se realizan con la modalidad llave en mano, por la magnitud de las inversiones tienen un alto potencial de conflicto y las empresas contratistas prefieren solucionarlos mediante el mecanismo de arbitraje.

Así lo ha comprendido la Organización de Estados Americanos (OEA), que está promoviendo las instancias del arbitraje para fortalecer la seguridad jurídica y resolver eventuales conflictos.

Esa preocupación fue objeto de un debate al más alto nivel en una reunión sobre arbitraje comercial internacional convocada en enero por la Organización de Estados Americanos (OEA). Por Panamá, participó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, quien expuso los logros del país en esa materia.

En Panamá se firmó en 1975 la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, conocida como la Convención de Panamá, suscrita por 17 países, que renovó la Convención de Nueva York de 1958.

El arbitraje está casado con los procesos civiles. Es expedito. Luego de ponerse de acuerdo en la instancia arbitral, en seis meses las partes obtienen un fallo y la seguridad jurídica sale fortalecida.

Para reforzar lo relativo a la seguridad jurídica, De León propuso reformar la justicia civil para ampliar la gama de los procesos jurisdiccionales y fortalecer las formas alternativas de administración de justicia, que incluyen las instancias arbitrales.

‘Eso contribuirá a reforzar la seguridad jurídica y darle garantías a las empresas que hacen tratos con el Estado, de que los compromisos serán honrados’, afirmó.

De León, quien fue asesor legal del Viceministerio de Economía, conoce de los compromisos que debe honrar el Estado en cuanto a fallos por demandas nacionales e internacionales.

Recordó el caso relacionado con el segundo puente sobre el Canal. ‘Dos partes van a un arbitraje. Una de las partes recibe un fallo favorable por una condena al Estado, pero esa parte no recibe ni un real. Entonces para qué va al arbitraje si no se honra. Ese es el caso del puente Van Dam en el que un laudo arbitral condenó a Panamá a pagar $22 millones. Eso quedó como un pasivo y han pasado los gobiernos y no honran el pago de una deuda del Estado’, resumió De León.

El Estado y el gobierno de turno que lo representa deben prestarle mayor atención a su responsabilidad patrimonial como consecuencia de los fallos de la administración de justicia. Hacerlo, es actuar con reglas claras y fortalecer la seguridad jurídica.

PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.