Ley 512, agilizando nuestro sistema de justicia

El pasado 5 de marzo fue aprobada mi tercera ley, una norma que modifica el Código Procesal Penal para permitir que los peritos sustenten sus informes de manera virtual en casos de delitos graves, especialmente aquellos relacionados con la vida, la integridad personal y la libertad sexual.

Esta reforma busca agilizar los procesos judiciales cuando la presencia física del perito no es posible, evitando retrasos que terminan afectando el derecho de las víctimas a una justicia oportuna.

La ley nació de una realidad dolorosa. El caso del asesinato de Lina Fabiola Rojas, de 10 años, evidenció una falla en el sistema, el juicio no pudo realizarse porque la perito del caso acababa de dar a luz y no podía asistir físicamente a la audiencia. Como consecuencia, la juez se vio obligada a reprogramar el juicio, lo que ocasionó que el mismo se llevará a cabo casi un año después.

La familia de Lina tuvo que esperar más de 800 días para recibir justicia por la muerte de su hija, una espera injusta que ninguna familia debería atravesar.

Durante demasiado tiempo, muchas víctimas han tenido que enfrentar no solo el dolor de lo ocurrido, sino también la lentitud y los tecnicismos de un sistema que, en lugar de acompañarlas, termina revictimizándolas.

Con esta ley avanzamos para cambiar esa realidad. Un paso para que la justicia llegue a tiempo, para que los procesos no se detengan por formalidades evitables y, sobre todo, para que ninguna familia tenga que esperar años para obtener respuestas.

Desde nuestra labor en la Asamblea Nacional nos hemos trazado un objetivo, legislar para dotar al sistema de justicia panameño de las herramientas necesarias y asegurar que quienes cometen delitos contra los más indefensos de nuestra sociedad, reciban castigos ejemplares. Porque sin prevención, sin un sistema que cuente con las herramientas necesarias para juzgar a los culpables y sin sanciones ejemplares para quienes atentan contra la vida y la dignidad de nuestras niñas, niños, adolescentes y ciudadanos, simplemente no estaremos cumpliendo con el deber fundamental de protegerlos.

Nuestra labor continúa. La semana pasada presenté el Proyecto de Ley 402, que establece condiciones para el ingreso de menores de edad a establecimientos de hospedaje, porque la protección de la niñez debe ser permanente y la prevención debe abarcar todos los espacios donde puedan existir riesgos para nuestros niños.

Este proyecto representa un nuevo paso en el esfuerzo por seguir cuidando a nuestra infancia. No podemos permitir que un adulto ingrese a estos establecimientos con un menor que no es su familiar directo sin la debida autorización, información y consentimiento de sus padres o tutores. Se trata de una medida de prevención necesaria para cerrar vacíos que pueden ser utilizados para vulnerar su seguridad e integridad.

Queda mucho por hacer, pero estoy convencida de que, junto a toda la sociedad panameña, podemos cambiar esta realidad. Para algunos puede ser solo una noticia más; para nosotros, proteger a nuestros niños es nuestro principal compromiso y deber.