La sustentación histórica

El registro histórico, como ya hemos discutido en este espacio, es un tema que sociedades más preparadas (y educadas) que la nuestra le prestan particular atención. No es en vano que existe el muy conocido Archivo General de Indias en España, con un registro de cientos de miles de documentos; los Archivos Nacionales de los Estados Unidos y la Biblioteca del Congreso; los Archivos Nacionales y la Biblioteca Nacional de Francia, solo por mencionar unos cuantos. La protección y preservación de documentos de toda índole, en parte, es lo que garantizará el conocimiento futuro de la lucha por la supervivencia de las sociedades de estos tiempos, sus triunfos y sus fracasos.

Podemos asumir que en esos países (los de primer mundo) puede ser que las pruebas fundamentadas de eventos o situaciones, que representan el eslabón entre un hecho y sus repercusiones, no existan o no fueron debidamente documentados. No necesariamente por negligencia o como política invariable de desnaturalización de la documentación histórica y por consiguiente de la memoria colectiva misma.

En el artículo ‘Historias incompletas’, que publiqué hace unos años, en términos generales, atendía el tema de las aclaraciones históricas; más sobre el papel que ejercen en el escenario internacional y en asuntos de geopolítica, los organismos de inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y sus agentes. Mencioné el caso de Ali H. Soufan agente retirado del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), quien en 2011 solicitó autorización para publicar sus memorias. ‘El FBI revisó las 600 páginas del borrador del libro titulado ‘The Black Banners: The Inside Story of 9/11 and The War Against Al Qaeda’ y le pidió a Soufan cambiar algunos nombres y la aclaración de si algunos de los asuntos mencionados aún son considerados como ‘classified’...’ (un término utilizado en el mundo de la inteligencia para resguardar los detalles de eventos y situaciones).

El FBI envió el texto a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para su revisión y para darle el visto bueno al exagente Soufan para que el libro viera la luz pública el 12 de septiembre de 2011, fecha programada para su presentación y un día después del décimo aniversario de los atentados a las Torres Gemelas. La CIA le devolvió al autor 78 páginas censuradas en donde lo invitó a hacer recortes de información contenidas en el libro.

Este tema lo había leído en una nota publicada para ese tiempo en el New York Times bajo la firma de Scott Shane. Relata una lucha entre el FBI y la CIA, subrayándola como ‘una pelea sobre quién logra escribir la historia’ relacionada al 11 de septiembre y sus repercusiones. Es una guerra que continúa, a pesar de que hay convincentes indicios de que la tirantez entre estas dos instituciones, y otras que velaban por la seguridad de ese país, en parte, ha tenido algo de causa en los terribles eventos del 11 de septiembre de 2001.

Llama la atención el hecho de que, pese a los esfuerzos por controlar la presentación de hechos comprometedores ante la faz pública, a todas luces la documentación existe en sustento del escenario presentado en la publicación. Para evitar el tira y hala que se formó entre la CIA y el FBI, hubiera sido mejor desde el inicio la destrucción de los documentos relacionados o simplemente la no documentación de los hechos. Eso no fue así.

Tres noticias la semana pasada en los medios internacionales dan cuenta de la preocupación que existe en algunas sociedades sobre la preservación del documento histórico por muy comprometedoras que sean. El diario El País de España publicó el artículo de Alejandro Rebossio en donde ‘El exjuez español Baltasar Garzón, asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Argentina, planteó este jueves en Buenos Aires que Francisco, el nuevo Papa argentino, ‘puede abrir los archivos del Vaticano para conocer la información de la época de la dictadura’ militar (1976-1983) de este país sudamericano ‘en la que se enviaron mensajes de aquí’, en referencia a la Nunciatura Apostólica (embajada de la Santa Sede) hacia allí’. Las otras dos publicaciones tenían que ver con ‘Los papeles privados de [Margaret] Thatcher’ y otro sobre la firma de un acuerdo de conservación de materiales audiovisuales, también en Argentina. El convenio es ‘para dar continuidad a las políticas de protección y conservación del material audiovisual recabado en los juicios de lesa humanidad que promueve el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social’.

Hay poca preocupación por el legado documental en nuestro Panamá. Hay poca documentación sobre lo que se dice, pero no se hace; y poca atención sobe eso que ocurre entre lo uno y lo otro: allí, donde existe la verdadera historia de los hechos.

Los actores de la cosa pública solo atienden la documentación de tramitaciones estrictamente burocrática, que tendrá el potencial de contar la historia de sus gestiones bajo una óptica positiva; eso es si realmente les importa. Hay una conducta de secretismo y manejo dudoso de las documentaciones oficiales que atentan considerablemente en contra de la verdad, más en un tiempo en que debiera ser fácil la documentación y preservación de la Memoria Histórica de una gestión. Solo piensan en los aplausos inmediatos, las placas con sus nombres y en los beneficios tangibles (económicos) que su gestión les proporcionará. Muchos de esos tangibles de dudosa procedimiento.

COMUNICADOR SOCIAL.