Señores magistrados: ¡resuelvan!

En noviembre de 2008, solicité al Tribunal Electoral autorización para recolectar las firmas de apoyo y postularme como candidato independiente, para las elecciones del 2009. Lo hice, consciente de que estaba vigente el artículo 233, del Código Electoral, que decía así: ‘Solo podrán postular candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República los partidos legalmente reconocidos’; y también de que los padres de ese engendro eran el propio Tribunal y la denominada Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Ese artículo era inconstitucional y lo sabían los magistrados Erasmo Pinilla, presidente entonces y ahora; Gerardo Solís, vicepresidente entonces y ahora relevado; y Eduardo Valdés, entonces vocal y ahora vicepresidente.

Por otra parte, el artículo 206 de la Constitución Política dice, textualmente: ‘Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá el asunto al conocimiento del Pleno de la Corte, ...’. Con base en esa norma, de meridiana claridad, complementada por el Código Judicial, que ordena al funcionario advertido abstenerse de fallar y remitir el asunto, en el término perentorio de 48 horas, a la Corte Suprema de Justicia, para que esta decida sobre la constitucionalidad de la norma señalada como violatoria de la Constitución, expresamente pedí a los magistrados de marras que, en cumplimiento del mandato constitucional elevaran el asunto a la Corte Suprema.

Los magistrados Pinilla, Solís y Valdés, en lugar de cumplir el mandato constitucional, decidieron ‘rechazar de plano’ la advertencia y mi solicitud para iniciar la recolección de firmas. En otras palabras, para proteger su engendro, decidieron considerar constitucional el Artículo 233, e impedir que la Corte Suprema de Justicia, ejerciera su competencia, que es privativa, de decidir sobre la constitucionalidad de las normas legales.

Notificado de la antijurídica decisión de los magistrados, solicité la reconsideraran. No esperaba que lo hicieran. Con otra expresión de prepotencia, dos de ellos, decidieron mantener su decisión. Solís, por su parte, escurrió el bulto con ‘un salvamento de voto parcial’ que, en esencia, aprobó la violación por sus colegas del artículo 206 de la Constitución.

Por considerar que la contumacia del Tribunal no debía quedar impune, interpuse una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra los tres magistrados, ‘por violación de sus deberes como funcionarios públicos’, configurada por su negativa a cumplir con el mandato del artículo 206 de la Constitución. La denuncia fue interpuesta el 17 de diciembre de 2008 y repartida al magistrado Cigarruista, quien, el 23 de diciembre siguiente puso a circular ‘un proyecto’ sobre el que, un año después, emitió su opinión la Procuraduría General de la Nación.

Cigarruista fue reemplazado. Si su sucesor prohijó el proyecto o hizo otro, lo ignoró; pero lo que importa y es cierto es que el proyecto comenzó a circular hace cuatro años y cuatro meses y todavía ‘sigue en lectura’.

En abril de 2009, la Corte Suprema declaró inconstitucional el advertido artículo 233 y, por consiguiente, quedó abolido el absurdo monopolio de los partidos sobre las candidaturas a la Presidencia. Para entonces ya no era posible que éstas pudieran inscribirse para el 2009, pero siendo que el responsable de haberles cerrado el paso fue el Tribunal Electoral, sus magistrados, con la misma celeridad que usaron para impedirlas, debieron haber tomado la iniciativa y proponer las normas que les aseguraran vía expedita para las del 2014. Pero durante varios años, deliberadamente, se cruzaron de brazos. Y cuando la Asamblea discutía la Ley 54, que las posibilitó, hicieron todo cuanto estuvo a su alcance para impedirlas, con el baladí pretexto de que ‘era inconveniente cambiar las reglas del juego’.

Los magistrados del Tribunal Electoral, eso es claro, violaron la Constitución y, por tanto, la denuncia interpuesta en su contra debe ser resuelta en consecuencia y sin más dilación. En ese tema, la Corte Suprema está en mora agravada y no debe seguir dando largas a su pronunciamiento. Así se lo solicito, públicamente.

PRECANDIDATO PRESIDENCIAL INDEPENDIENTE.