• 14/08/2013 02:00

Aumento salarial y espiral inflacionaria

Insistentemente se escucha del sostenido crecimiento económico que mantiene nuestro país; sin embargo, la población exterioriza de maner...

Insistentemente se escucha del sostenido crecimiento económico que mantiene nuestro país; sin embargo, la población exterioriza de manera constante su descontento por el encarecimiento de los alimentos, el costo de vida e incumplimiento de la promesa electoral del presidente Ricardo Martinelli de disminuir el costo de la canasta básica familiar, una vez en el poder.

En julio de 2009, al iniciar la administración Martinelli la canasta básica familiar estaba en B/.268.00, ahora pasados cuatro años de gobierno, se sitúa en B/.330.00, observándose un incremento promedio del 69%. La situación genera honda preocupación en la ciudadanía, por el inacabable aumento en el precio de los alimentos.

El salario mínimos que ha implementado el gobierno promedia los B/.411.00, pero ha sido trasladado a los consumidores, por los empresarios, generando una nueva espiral inflacionaria, que disminuye cada vez más el poder adquisitivo de los trabajadores, creando estrés y desasosiego.

La relación existente entre ese salario mínimo promedio B/411.00 y el valor de la canasta básica B/330.00, aparenta una relación de ingreso a favor del trabajador de B/.81.00; sin embargo, la realidad es otra. Con esos B/.81.00, tiene que sufragar gastos de viviendas, transporte, luz, etc., que sumado al impacto inflacionario en otros bienes y servicios merman aún más la ya escuálida economía familiar.

El presidente Martinelli admitió públicamente que ‘el costo de la canasta básica continuará alto, mientras no se logre abaratar el precio de la energía eléctrica’.

La declaración del mandatario deja al descubierto lo conocido por todos y causa mayor preocupación, porque al aceptar que la energía eléctrica juega un papel fundamental en la disminución de la canasta básica, nos preguntamos: ¿por qué aprobar en la Asamblea Nacional de Diputados leyes dirigidas a permitir la venta de acciones estatales, entre ellas de las empresas eléctricas?

¿Por qué en cuatro años de gestión se continúa la dañina e histórica práctica de descuidar el sector agropecuario?

¿De qué sirve el crecimiento económico, si no se implementan políticas y estrategias dirigidas a rescatar, promover y hacer competente la producción nacional, como salvaguarda de nuestra seguridad y soberanía alimentaria?

Estamos supeditados a la oferta de productos y precios internacionales. Cada día nuestro consumo es más dependiente de las importaciones.

No existe una política de control efectivo de la especulación. Los intermediarios encarecen el precio de los alimentos en perjuicio del consumidor, limitando con ello el acceso a disponer de alimentos básicos esenciales.

Para colmo, a partir de septiembre, la gasolina contendrá un 5% de etanol, lo que motivará un aumento en el precio del combustible; pero, además, se desconoce el perjuicio que pueda causar a los vehículos, a mediano y largo plazo.

Esta situación crea suspicacia, por la posible existencia de un monopolio; en razón de que la Ley 42 de 2011, determina la política nacional de promoción, fomento, desarrollo de producción y uso de biocombustible, se impone sin consulta pública.

Estos hechos evidencian la urgente necesidad de contar con dirigentes honestos, humanistas, con visión de Estado, que respeten la dignidad de los ciudadanos, trabajen para ejercer justicia social, equidad, mejorar la calidad de vida de la población y lograr el bien común.

ECONOMISTA Y EDUCADORA.

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