A frenar el crimen contra la ciudad

Desde los cuatro puntos cardinales, como una tenaza implacable, se extienden los actos ilícitos contra las Normas Ambientales y de Ordenamiento Territorial, que amparan a la ciudad de Panamá, creando un caos urbano, atentando contra la calidad de vida de sus habitantes y perjudicando gravemente la paz y los bienes de los ciudadanos.

Así tenemos: proyectos sin Estudios de Impacto Ambiental, Cambios de uso de suelos, ni permiso Municipal o con Estudios falsos, cambios de uso de suelo y resoluciones ilícitas y violaciones a las áreas protegidas y patrimonios, a las normas especiales del área del Canal y sobre todo a la voluntad ciudadana, así como obras sin una planificación científica.

Como ejemplo, los pretendidos estacionamientos en la Corte Suprema de Justicia, donde el MEF otorgó a título gratuito el área Protegida del Cerro Ancón, que solo se puede dar en concesión y cuyo EIA está plagado de falsos, y contra las normas urbanísticas, por ello fue rescindido, el basurero del SPI en cerro Corozal, el absurdo edificio de 20 pisos SCALA, en Herbruger, un edificio de cuatro pisos para actividades comerciales en Las Mercedes, una institución de albergue en Los Ríos, todos ellos edificados en forma ilícita entre casas unifamiliares, las vallas publicitarias en el Aeropuerto de Albrook, la apertura inconsulta de acceso al corredor sur en Punta Pacífica, los años de martirio en el tráfico urbano y un rosario de otros casos, que por espacio no señalamos.

En todos estos casos y otros, hemos interpuestos, denuncias públicas, Recursos a la Corte Suprema y Denuncias Criminales al Ministerio Público contra los responsables, que resultan ser los ministros y directores de las instituciones del Estado; entre ellas, el MIVIOT, la ANAM, el PAN, SPI, la Presidencia de la República, la ENA, la AAC, La Corte Suprema y el Municipio de Panamá y otras instituciones, aunque con la complicidad de las Juntas Comunales, el IDAAN, el MOP, la ACP, en estos actos ilícitos en la ciudad, que contaminan y crean el colapso de las infraestructuras y hasta impactos peligrosos al Canal de Panamá.

Ello es así porque estos actos ilícitos son delitos penales contemplados en los artículos 417, 418, 419 y 420 de nuestro Código Penal vigente. Contra los que realicen una construcción no autorizada en lugares de especial protección, el promotor que inicie una obra sin el estudio de impacto ambiental, la autoridad o el servidor público que apruebe proyectos o licencias contrarios a las normas, o quien incumpliendo la normativa construya, poniendo en riesgo al ambiente o la vida de la población, con sanciones hasta de seis años de cárcel.

Ante estos crímenes contra la ciudad y otros que no señalamos, que perjudican gravemente la calidad de vida de sus habitantes, hemos procedido a convoca a la Red Ciudadana Urbana, la Asociación de Comunidades de las Áreas del Canal, de Punta Pacífica y a las otras asociaciones y residentes de las comunidades de la ciudad Capital, a unirnos y crear una fuerza que permita frenar este crimen contra la ciudad, trabajar en una Agenda Nacional de las Ciudades, para responder en forma científica y firme a este grave problema, mediante una propuesta incluyente y participativa, que logre romper la corrupción institucionalizada, que existe en el actual sistema centralizado de poder presidencial que tenemos, causa principal de todos los actos ilícitos y prepotentes contra el ordenamiento jurídico nacional, sobre todo cuando existe interés económico.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DERECHO AMBIENTAL.