Mejoramiento de la justicia: ¿casos de éxito?

Existen pocas dudas sobre la importancia que conlleva la independencia del sistema judicial como elemento crítico para la consolidación de la democracia, el desarrollo y la institucionalidad. Sin embargo, como punto de partida quizá deba admitirse que en la región pocos países han logrado avances certeros en este sentido, a pesar de que muchos han tenido progreso en lo económico.

Quizá una de las pocas excepciones sea Chile, que ha logrado en los pasados quinquenios un consenso político que viabilizó progresos, no solo en materia judicial sino en otras dimensiones —lo cual se constata a través de la positiva evolución de sus indicadores económicos y sociales.

Pero incluso Chile, podría decirse, no constituye un caso de éxito integral, en vista de que los principales progresos fueron más que nada en el área de la justicia criminal. Por ende, ha habido pocos avances en ese país, y otros de la región, en cuanto a consolidar la solidez de la justicia en otras jurisdicciones como el de la familia, lo laboral o lo civil, lo que parecería sugerir que la ‘voluntad política’ de esta sociedades se circunscribe al tema criminal y de seguridad ciudadana.

Por otro lado, buena parte de las iniciativas gestadas a través de la llamada cooperación técnica internacional, mediante la cual se proveen fondos para modernizar la administración de justicia, sobre todo en aspectos de carácter operativo o administrativo, ha tenido hasta ahora un discutible efecto.

Debe reconocerse que en efecto existen importantes cuellos de botella operativos en virtud —entre otros— ejemplo por la falta de sistemas de informática, de entrenamiento y capacitación, y la ausencia de apropiados sistemas de carrera judicial que brinden una mayor profesionalización e independencia al personal de ese órgano. Sea como fuere, los esfuerzos de corregir estas deficiencias constituyen apenas pasos hacia el objetivo de consolidar la independencia plena y modernización de la justicia.

Lo clave pareciera ser en todo caso la falta de voluntad política para llevar adelante estos cambios, y aquí parece surgir un dilema aparentemente insalvable. Hay una tesis según la cual precisamente son los partidos, y los políticos en general, quienes al ver su poder amenazado, se constituyen en los mayores obstáculos a una auténtica independencia del poder judicial. No obstante, como se ha visto, es solo a través del consenso de diversos estamentos políticos que se pueden lograr avances. La pregunta crítica sería ¿cómo romper este aparente dilema?

En el caso de Panamá, su perfil resulta similar al de la mayoría de las naciones de la región, y así lo constatan diversos informes internacionales que señalan que, a pesar de grandes avance en materia económica, nuestra república sigue enfrentando severos desafíos en cuanto a la independencia de su justicia. En cuanto a la señalada paradoja, a nuestro juicio, la solución involucra una iniciativa resuelta y sistemática de individuos y organizaciones, tanto políticas como no políticas, con efectivo liderazgo, que tengan como norte único y fundamental el logro de este objetivo.

Estas organizaciones requieren de paso comprender y ser parte del fenómeno político y, dentro de ese contexto, gozar de la habilidad necesaria, o audacia si se quiere, para impulsar el mejoramiento del sistema judicial y su independencia. Esta autonomía, constituye el pivote para que prosperen todas la demás reformas que permitirían encaminar el país hacia un desarrollo integral y sostenible.

Se trata sin duda de un enorme desafío, pero los beneficios serían incalculables, no solo por la consolidación del Estado de Derecho, concepto quizá abstracto para el común de la gente, sino inclusive para la instauración de un sistema que proveería benéficos tangibles y nuevas fuentes de riqueza para la mayoría de los panameños.

ANALISTA DEL CENTRO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD.