La ampliación: ¡Más sombras que luces!

Todos los panameños deseamos que la ampliación del Canal se concluya con éxito. Es mucho lo que está en juego. Con el Canal ampliado, a los mayores ingresos que producirá el incremento de los barcos y de la carga que lo transitarán, su sumarán otros beneficios como son una mejor imagen de nuestra capacidad como nación responsable para manejar de manera eficiente un proyecto de esa envergadura, un mejor aprovechamiento de nuestra posición geográfica, que se traducirá en nuevas inversiones, más empleos rentables, crecimiento económico y, en general, en un mejor nivel de vida para nuestra población.

Cuando al pueblo panameño se le presentó el proyecto de la ampliación, aunque la mayoría no lo entendía a plenitud y algunas interrogantes nunca fueron satisfechas, como demostró la baja participación en el referendo que lo aprobó, los manejadores del Canal, la ACP (Autoridad del Canal de Panamá), recibieron un voto de confianza para emprender la obra, debido a la imagen de competencia y capacidad que en términos generales se les reconocía o que, entonces, no se les cuestionaba.

Pero a medida que el proyecto ha ido avanzando y frente a las complicaciones que ahora se comienzan a reconocer, con considerable retraso y buenas dosis de intransparencia por parte de la administración de la ACP, el análisis retrospectivo del camino recorrido comienza a arrojar más sombras que luces y, en consecuencia, más que justificadas preocupaciones y hasta alarma.

Un primer hecho está más que claro: la ampliación no terminará en los plazos originalmente anunciados y aunque ahora se hable de junio de 2015, tampoco existe certeza de que así será.

Un segundo hecho es cierto: la obra costará mucho más de lo que se estimaron los cálculos de la ACP y con base en los cuales fue adjudicada al consorcio Unidos por el Canal.

Un tercer hecho es cierto: si la obra no se concluye en los plazos originales y si su costo es mayor, los ingresos que se esperaban recibir no llegarán para cuando se prometieron y no serán por los montos prometidos, pues los plazos para su amortización se extenderán.

Un cuarto hecho es cierto: las expectativas de los mayores ingresos del Canal y sus repercusiones favorables sobre las finanzas públicas han servido para avalar nuestra capacidad para aumentar la deuda pública; pero esa capacidad se afectará negativamente y el costo del financiamiento de la deuda será más oneroso.

Es bueno que el administrador del Canal haya intentado dar algunas explicaciones sobre el estado del proyecto de la ampliación; pero éstas, antes que dar tranquilidad, han aumentado las ya justificadas preocupaciones. Ahora también es claro que las complicaciones son mayores y el señor Quijano para nada ha aclarado cómo se resolverán. De qué sirve que nos diga, sin especificaciones y hechos concretos, que están tratando de ‘torcerles el brazo’, que están envueltos en un ‘forcejeo mayor’, que hasta ahora ‘solamente han pagado 2,000 millones’ al contratista o que si éste abandonara el proyecto, la ACP lo terminaría utilizando la fianza de cumplimiento, que es de 600 millones.

La ACP y el consorcio Unidos por el Canal celebraron un contrato, supuestamente, ‘atado y bien atado’, que protegía los intereses panameños. Y si eso es cierto, como lo aseguraron, solo hay un camino: ejecutar el contrato en todos sus términos, lo que significa que si el contratista no puede cumplirlo entren a funcionar las garantías pactadas. Pero, si el administrador de la ACP deja entrever que las presiones pueden desembocar en que nuestros intereses sean burlados, hay razón no solo para preocuparse sino para alarmarse.

Señores de la ACP: lo que corresponde es que ustedes, con el contrato en la mano expliquen cuál es la verdadera situación. Esa es su obligación y un país entero espera que la cumplan.

PRECANDIDATO PRESIDENCIAL INDEPENDIENTE