Sed de impuestos con reavalúos

Como candidata a diputada me he encontrado con muchas personas que al presentarle mi propuesta, me dicen que este Gobierno ha realizado muchas obras y que las mismas se ven, y repiten el conocido eslogan ‘este Gobierno ha hecho más en 4 años que en 40’.

No importa que la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) ascienda a $22 mil millones, que incluye la deuda de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), la del Aeropuerto Tocumen, Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A (ETESA) y los proyectos llave en mano, que hasta la fecha no se conoce a cuánto ascienden.

Sin embargo, en mis caminatas, muchos otros electores, me expresan que ‘las obras de cemento’ no alimentan a su familia, que tienen que hacer largas filas para esperar el Metrobús, rodeados por exceso de basura, que no recogen e inundados de excretas que pueden causar epidemias, afectando la salud de todos.

Como el tema de la basura, excretas, comida cara, salario insuficiente, tráfico y tranques es lo que escuchamos todos los días. Muchos electores centran su esperanza en que los futuros políticos les resuelvan estos temas a través de políticas de gobierno.

Los panameños sabemos que solo se podrán cubrir el pago de los famosos sobrecostos, deuda externa e interna a través de los IMPUESTOS. Por eso, este Gobierno aprobó, mediante la Ley 49 de 2009 del 17 de septiembre del 2009 y Ley 8 de 2010 aprobada mediante Gaceta Oficial 26,489-A del 15 de marzo del 2010, el IMPUESTO SOBRE LAS RESIDENCIAS, APARTAMENTOS, TERRENOS Y BIENES INMUEBLES, cuyo único propósito es enriquecer las arcas estatales y cubrir el déficit fiscal mediante los nefastos REAVALÚOS.

Normalmente, los panameños, para conseguir nuestra vivienda, nos presentamos a un Banco de la localidad, pedimos un préstamo a un interés legal (puede ser 8 %), presentamos las garantías que el Banco te solicita, aportamos un abono inicial y por un período de 20 a 30 años pagamos los intereses y cancelamos el Capital que el Banco nos prestó.

Después de muchos sacrificios económicos, el dueño de la casa piensa que ‘como buen ciudadano, pagué mi deuda al Banco, y, como padre y madre responsable, le aseguro una residencia a mis hijos’. Esta sería la historia si viviéramos en un país con garantías ciudadanas.

Sin embargo, José Javier Rivera, especialista en materia fiscal, advirtió que el MEF, luego de aprobada la Ley No. 8 del 2010, comenzó a reevaluar cientos de viviendas en Punta Paitilla, El Cangrejo, Obarrio, San Francisco, Costa del Este, Marbella, Punta Pacífica y las playas desde Punta Chame a Antón, por medio de empresas privadas contratadas por el MEF.

Esas empresas, de manera unilateral, avalúan las residencias, de acuerdo con los precios comerciales actuales y no catastrales y, puesto que las viviendas incrementan su valor con el tiempo, y su valor comercial es 10 veces más de lo que valían hace 10, 15, 20 o 30 años, el impuesto que le están cobrando a las personas se incrementa hasta en un 1000 %.

Impuesto que se paga anualmente, cada cuatro meses (en abril, agosto, y diciembre) con intereses y recargos, si no se paga a tiempo, y, después de un período determinado, si el dueño de la casa no puede pagarlo, le instauran un juicio ejecutivo de jurisdicción coactiva y el dueño, después de pagarle a un Banco sus 20 o 30 años, perderá su casa por la sed de impuestos de un Gobierno ávido de llenar sus arcas estatales para pagar los megaproyectos, sobrecostos, adendas y proyectos llave en manos, que enriquecieron a unos pocos y perjudicarán a muchos, con las pérdidas de sus residencias, asfixiando al final a la clase media, sobre la que se recarga la mayor parte de los impuestos y a las clases más humildes, quienes no podrán heredar ni un terreno para construir ni realizar mejoras en sus casas, porque tendrán que pagar una segunda hipoteca de por vida con impuestos que, a la larga, se volverán impagables para sus hijos y nietos, que no podrán heredar ni siquiera la residencia pagada con tanto sacrificio por sus padres o abuelos, obligándolos a vender sus casas y apartamentos a precios mucho más bajos de los evaluados o esperar que el Estado embargue la vivienda, lleve la propiedad a un remate y la venda a precio de baratillo para las promotoras y especuladores de mercado, debido a que el dueño anterior no podrá ni siquiera comprar su propia residencia, porque el poder adquisitivo de los panameños ha disminuido de manera drástica.

Recientemente, el Gobierno, muy astutamente, señaló que SUSPENDIÓ provisionalmente los REAVALÚOS por la proximidad de los comicios electorales, temporalmente por medio de una Resolución Ministerial del MEF No. 807-04-164-13 del 20 de noviembre del 2013, por lo que existe el peligro de que en cualquier momento la pongan en vigencia; porque todos conocemos que una ley solo puede ser derogada a través de otra ley.

Lo único que al final le queda a los electores es el voto de factura y su derecho de representación política, que consiste en hacer presente su voz y opiniones para que realmente, en el próximo gobierno, se eliminen de manera definitiva los reavalúos, porque, de otra forma, perderemos lo único propio que nos queda a los panameños: NUESTROS HOGARES.

ABOGADA.