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70% de los migrantes han visto muertos en la ruta de Darién
- 16/04/2024 19:39
- 16/04/2024 19:19
La Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió un boletín con los resultados de entrevistas realizadas en Darién, sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes irregulares y refugiados que arriban a la provincia.
El número de migrantes y refugiados que viaja por el Darién ha experimentado un incremento del más de 20% en los primeros meses de 2024, en comparación con el mismo periodo del año pasado. El reporte de la Defensoría del Pueblo contó entre enero y febrero de 2024 más de 72 mil personas que cruzaron por la selva fronteriza entre Panamá y Colombia. Pero hasta mediados de abril, la cifra superó los 110 mil, lo que advierte una ruta más congestionada que nunca, incluso que en 10 años juntos, motivada en parte por las elecciones en Estados Unidos en noviembre, y una alta posibilidad de que los Republicanos regresen al poder con políticas antimigratorias.
Los resultados de las entrevistas revelan patrones preocupantes por los abusos de violencia sexual, principalmente en contra de las mujeres. Una de cada cinco mujeres entrevistadas conocía de caso de violencia sexual a otras personas. Además, 17 mujeres dijeron que les solicitaron favores sexuales a cambio de su seguridad o algún otro beneficio. Un dato que resalta es que casi el 70% observó cuerpos sin vida durante el trayecto, dentro de la selva de Darién, apodada con todos los sinónimos que refieren al mismo infierno. Según la Defensoría del Pueblo, el 86% de los preguntados no recibió ningún tipo de información al llegar a la estación temporal migratoria, el 56% dijo sentir inseguridad durante su permanencia, el 15% sufrió discriminación y un 10% fue víctima de robo, la mayoría por parte de otros migrantes.
La situación migratoria representa todo un desafío para las autoridades panameñas. A pesar de los esfuerzos económicos y de personal que destina para atender las estaciones migratorias, nada parece ser suficiente. Cada día hay nuevas exigencias, mayor número de viajeros que se traduce en más recursos para el país que los acoge temporalmente.
Recientemente, en una conferencia de medios junto a su homólogo colombiano, la canciller panameña Janaina Tewany solicitó más recursos económicos, más ayuda, a los países de la región y directamente a las naciones vinculadas al tema, para poder atender la magnitud del problema. En 2023 el Estado panameño invirtió $70 millones, según datos de la Dirección Nacional de Migración, en comidas, personal y otras necesidades, para atender a la población migratoria. A pesar de la cifra, hay algo aún más retador, desalentar al migrante a que utilice la ruta del Darién, el puente boscoso entre dos continentes que consta de 575 mil hectáreas, y que fue declarada como Patrimonio Mundial por la Unesco por su variedad excepcional de especies. A pesar de las campañas en redes el crimen organizado lleva ventaja. En el lado colombiano, dominado por el Clan del Golfo, ofrece “paquetes” de diferentes precios a los migrantes para cruzar la frontera, como si se tratara de ofertas turísticas.
A su vez, es una de las rutas más peligrosas en el trayecto hacia el Norte. En reiteradas ocasiones la directora de Migración, Samira Gozaine, ha manifestado que el Darién no debe ser la vía para llegar a Estados Unidos, precisamente por los peligros a los que se enfrentan los viajeros.
La encuesta de la Defensoría del Pueblo dice que uno de cada cinco migrantes dijo haber sufrido malos tratos de los estamentos de seguridad. El 66% indicó que no tiene cubiertas las necesidades principales de higiene en las estaciones temporales, tampoco tienen privacidad (61%), que no hay espacio separado (48%), un 20% dijo que no se cubrieron las necesidades de alimentación y un 15% se pronunció sobre la atención médica. Otro de los hallazgos es que las personas se encuentran en “restricción de movilidad de facto”, y que en la estación de Lajas Blancas se constató una situación de hacinamiento.
Las comunidades de acogida suelen ser poblados de origen indígena, apartados del desarrollo nacional, donde no existen acueductos, agua potable, menos alcantarillados o sistemas sanitarios. Zonas de difícil acceso que no han tenido la atención de los gobiernos en forma continuada. Darién es la provincia del país con mayores niveles de pobreza, que superan el 43%, de acuerdo al informe sobre pobreza y pobreza extrema (2022) de la iniciativa Panamá sin Pobreza. Las principales fuentes hídricas de las comunidades darienitas suelen ser los ríos cercanos. Por lo general, las zonas apartadas no gozan de cobertura de Internet, esto ha ingeniado a los indígenas a contratar los servicios de Starlink, quienes a su vez rentan tiempo a los migrantes. En situaciones en las que los visitantes llegan a quintuplicar la cantidad de personas que ahí viven, resulta aún más retador ofrecer servicios de los que carecen sus habitantes.
Otro impedimento que resalta la Defensoría en su informe, refiere a la ausencia de personal o funcionarios de la fiscalía en las estaciones temporales que puedan recibir las denuncias de los delitos. Según los relatos recabados, algunas personas habrían expresado interés en desistir de la denuncia por el largo tiempo de espera en las estaciones temporales, así como la falta de acceso a servicios para las víctimas o sus familiares.
La Defensoría visitó el Darién entre 19 y 23 de febrero pasado junto a la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el propósito de conocer la situación de las personas migrantes que cruzan la peligrosa selva, además de las Estaciones Temporales de Recepción Migratoria (ETRMs) y en las comunidades de acogida. Para ello, realizaron 205 entrevistas de forma aleatoria en los centros de Recepción de Migrantes, aunque sin pretender ser representativa de la población en su totalidad. La mayor parte de los preguntados fueron venezolanos (77%), seguidos de los colombianos (10%), luego ecuatorianos y peruanos. El 97% de ellos tenía como destino Estados Unidos.