Bases de un nuevo tratado

El 3 de noviembre de 1959 es una fecha de especial significación para mí, no solo por el hecho de haber acompañado al Lcdo. Aquilino Boyd, en ese entonces diputado a la Asamblea Nacional, a llevar nuestra bandera a la Zona del Canal en un acto de reafirmación de la soberanía de Panamá en esa parte de nuestro territorio. ¡No! Cuando la policía zoneíta utilizó bombas lacrimógenas, mangueras de agua y hasta armas de fuego contra los cientos de panameños que, al igual que yo, en forma individual o en pequeños grupos, dirigimos nuestros pasos hacia y por la Zona del Canal, sin más armas que nuestro anhelo de ver allí ondear el tricolor de las dos estrellas; cuando destacamentos de las fuerzas armadas estadounidenses en ostentoso alarde de fuerza y poderío fueron apostados con bayoneta calada para mantener fuera de la zona a los que más que nadie en el mundo teníamos y tenemos derecho a entrar en ella, en esos trágicos y gloriosos instantes para nuestra nacionalidad, me hice – en medio de la revuelta, del humo y del agua – un propósito, que creo haber cumplido hasta el presente: El de mantener durante mi existencia en la tierra una conducta nacionalista, exenta de actitudes jingoítas o patrioteras.

Lo anterior se debe a que el nacionalismo – nuestro nacionalismo – no es ni debe ser doctrina de odio o de animadversión hacia Estados Unidos de América o algún otro país. El nacionalismo – nuestro nacionalismo – es y debe ser, sencillamente, el más puro y noble sentimiento que debe conducirnos al conocimiento de nuestros valores, a la superación espiritual y material de la nación panameña, y a la reivindicación de nuestros derechos jurisdiccionales en la Zona del Canal.

Confieso que aquel 3 de noviembre de 1959, lejos estaba de imaginar siquiera que el destino me depararía cierta responsabilidad en la desigual lucha de Panamá por la cuestión canalera; la de ser el 9 de enero de 1964 ministro de Hacienda y Tesoro, y miembro principal del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores. Mi proximidad con el presidente Chiari, por razón de mis delicadas funciones, me pone en capacidad de poder asegurar el impacto tremendo que en él provocaron las acciones increíbles de la policía zoneíta primero, y del ejercito estadounidense después. Convencido estoy que pocos jefes de Estado han sabido recoger e interpretar con toda fidelidad las aspiraciones y deseos de su pueblo y de quien esto escribe como Roberto F. Chiari. En efecto, don Nino no solo instruyó a su ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Galileo Solís, para que informara al secretario de Estado que, ante los sucesos ocurridos, Panamá consideraba rotas sus relaciones diplomáticas con el Gobierno de Estados Unidos. Hizo pública, además, su voluntad de no restablecer dichas relaciones hasta recibir seguridades de que el tratado del canal, fuente principal de las diferencias entre los dos países, sería subrogado.

Y Nino Chiari cumplió, por lo que me permito abrir un paréntesis para rendir un tributo de respeto a su persona. El 3 de abril de 1964, el presidente de la Comisión General del Consejo de la Organización de los Estados Americanos, actuando provisionalmente como órgano de consulta, expidió un comunicado anunciando que representantes autorizados de los gobiernos de Panamá y de Estados Unidos habían convenido en una declaración conjunta, designar “Embajadores Especiales con poderes suficientes para procurar la pronta eliminación de las causas de conflicto entre los dos países” y “llegar a un convenio justo y equitativo que estaría sujeto a los procedimientos constitucionales de cada país”. Por Panamá firmó la declaración el Lcdo. Miguel J. Moreno, Jr. Por Estados Unidos lo hizo el actual negociador Ellsworth Bunker.

Las negociaciones que se iniciaron en las administraciones Chiari – Johnson y que se extienden hasta nuestros días, obedecen, fácil es advertir, a la finalidad de procurar la pronta eliminación de las causas de conflicto motivadas por la existencia del Tratado Hay – Bunau Varilla. Ellas no responden, entiéndase bien, ni al propósito de Estados Unidos de legalizar su presencia militar en la República de Panamá ni a su intención de asegurarse la construcción, explotación y control de un canal a nivel en parte de nuestro territorio. En tal virtud, Panamá no puede, sin torcer el sentido de las negociaciones, firmar un tratado que constituya una amenaza a la seguridad de su población y de su territorio, o que comprometa su derecho a construir un canal a nivel del mar en la forma que más convenga a sus legítimos intereses y sin menoscabo de la soberanía nacional. La República de Panamá no debe tampoco apresurarse a firmar un tratado que no recoja sus demandas fundamentales, las cuales – de acuerdo con mi manera nacionalista de pensar – pueden sintetizarse así:

1. Abrogación del Tratado Hay – Bunau Varilla, del Tratado General de 1936, del Tratado Remón – Eisenhower y del Memorándum de Entendimiento acordado en 1955.

2. Soberanía real y efectiva de la República de Panamá sobre la totalidad de su territorio, lo que implica la desaparición de la Zona del Canal como área sujeta a limitaciones jurisdiccionales.

3. Neutralización real y efectiva del Canal de Panamá, de sus puertos y de sus entradas o partes de acceso.

4. Beneficios económicos iguales para los dos países que hicieron posible la construcción del canal.

5. Igualdad de trato y de oportunidades para los panameños y norteamericanos que trabajan en la empresa canalera.

6. Jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia en todas las controversias que surjan en relación con la interpretación y aplicación del tratado.

7. Término de duración corto para el nuevo tratado. Como bien ha dicho en interesante ensayo el Dr. Carlos Bolívar Pedreschi: “Para tratado malo, basta el de 1903”.