Confirman pena de 60 meses de prisión a exrepresentante por mal manejo de fondos

El exrepresentante del corregimiento de Calidonia, Ramón Ashby, deberá cumplir la totalidad de su condena de 60 meses de prisión por el delito de peculado doloso agravado, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá rechazara una solicitud de reemplazo de pena presentada por su defensa.

La decisión del tribunal respalda la postura de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso a sustituir la sanción por trabajo comunitario. En audiencia reciente, también se ratificó la decisión del juez de cumplimiento, quien inicialmente denegó la petición, considerando la gravedad del delito cometido y el perjuicio ocasionado a fondos públicos.

El caso se remonta a una auditoría realizada por la Contraloría General de la República sobre el manejo financiero de la Junta Comunal de Calidonia en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 1999 y el 31 de agosto de 2003. El informe reveló una serie de irregularidades administrativas y gastos sin justificación por un monto total de $505,469.05.

Estos hallazgos dieron pie a la apertura de un proceso judicial por peculado, un delito contra la administración pública que sanciona el uso indebido o la apropiación de bienes o fondos estatales por parte de funcionarios. Tras varios años de investigación y diligencias judiciales, el exrepresentante fue condenado por su responsabilidad en el desfalco.

Las autoridades judiciales destacaron que los elementos probatorios presentados durante el proceso fueron contundentes y que el monto involucrado, así como el periodo prolongado en que se cometieron las irregularidades, evidencian un patrón sistemático de mal manejo de los recursos asignados a la comunidad.

Con esta resolución, se reafirma el criterio de que los delitos contra el erario público deben enfrentar consecuencias proporcionales a su impacto, y que el cumplimiento efectivo de las penas contribuye a la lucha contra la impunidad en casos de corrupción administrativa.