Komir pone cifra a Panamá por cierre de mina

La primera demanda en contra del Estado panameño que pone rostro a una cifra, luego del fallo de inconstitucionalidad dictado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) frente al contrato con Minera Panamá, se conoció este viernes: $747 millones.

La demandante es Korea Mine Rehabilitatios and Minera Resources Corp. (Komir), empresa que buscará un acuerdo de solución de controversias con Panamá por casi un billón de wones ($747 millones), en reclamo a las pérdidas previstas tras el cierre de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum. La empresa coreana mantiene una participación del 10% como accionista en el pastel accionario de la canadiense. La acción busca proteger su inversión en la mina bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Corea del Sur. De acuerdo a notas internacionales, Komir inició la producción comercial de cobre en 2019 y registró ganancias por 49.5 mil millones de wones y 145,2 mil millones de wones en 2021 y 2022 respectivamente, lo que en dólares equivale aproximadamente a 39 millones y 108 millones respectivamente.

La acción de la empresa propiedad del gobierno de Corea del Sur se conoce por información de reportes internacionales. Sin embargo una fuente del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) indicó a La Estrella de Panamá que aún no han tenido una notificación oficial al respecto. En estos casos el procedimiento de los arbitrajes inicia a través de la nota de intención, como la que se anuncia internacionalmente, como un aviso para de que la empresa empezará una demanda de arbitraje. Este primer paso aún no representa una demanda per sé, en vez, otorga un tiempo de seis meses a las partes para que se sienten a dirimir controversias y logren un acuerdo antes de que se concrete el arbitraje.

Lo que sí recibió el Mici fueron las notas de intención de negociación de Minera Panamá y de First Quantum, en conjunto, aunque no especifican cifra alguna. Sin embargo, la fuente del ministerio indicó que el titular de la cartera se encuentra concentrado en el plan de cierre de la mina y quien debe atender estos procesos es la oficina de arbitrajes de inversión del Ministerio de Economía y Finanzas.

Aunado a lo anterior, Minera Panamá interpuso otra demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje, tribunal ubicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, en función de una cláusula del contrato que fue declarado inconstitucional por la CSJ.

En total, indicó el Mici, tres notas de intención reposan en el escritorio del ministro, que se dirimirán bajo el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Panamá y Canadá, una por parte de First Quantum en conjunto con Minera Panamá, y la segunda interpuesta por Franco Nevada Corporation, una compañía asociada a First Quantum. La tercera, como ya se dijo, fue presentada por la empresa coreana pero bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Corea del Sur.

Además, en el Mici hay una solicitud de demanda ante la Cámara de Comercio Internacional interpuesta por Minera Panamá sobre la base de una cláusula del contrato 406 que fue declarado inconstitucional, la fuente no especificó a qué cláusula en específico se refiere la demanda, y tampoco hay una cifra en que basa los daños a la inversión.

Todo lo anterior anuncia dos cosas, la primera es que la tarea le tocará al gobierno entrante, y la segunda es que tendrá que afilar la estrategia legal con profesionales nacionales y extranjeros para atender las demandas para negociar con las empresas que reclaman millonarias cifras por daños y perjuicios a raíz de la decisión de la Corte. En esta estrategia se invitó a cinco de las 23 firmas extranjeras precalificadas para representar a Panamá en el extranjero, lo que hubiera permitido recibir ofertas más competitivas, a pesar de que se trata de varios casos complicados, inéditos en minería y se requiere de un equipo legal robusto para atender todos los frentes.