Ministerio de la Mujer afronta recorte presupuestario en plena transición al Mides

Ayer, durante las vistas presupuestarias de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la titular del Ministerio de la Mujer, Niurka Palacios, presentó la solicitud de recursos para la vigencia fiscal de 2026.

La ministra destacó los retos que enfrentará la entidad, que pasará a convertirse en una secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Para 2026, el Ministerio de la Mujer solicitó un presupuesto de $11,45 millones de dólares, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asignó $7,3 millones, exclusivamente para el renglón de funcionamiento, sin incluir fondos para inversiones.

Durante la sustentación, Palacios fue interrogada sobre la transición y aclaró que los servicios para las mujeres no se pueden interrumpir, incluyendo albergues, atención psicológica y social, centros de atención y protección a víctimas. La ministra también expresó su preocupación por la falta de fondos en materiales, suministros y combustibles, esenciales para mantener las operaciones del ministerio.

Palacios advirtió de que alrededor de 90 funcionarios saldrán del Ministerio de la Mujer a finales de 2025, pero aseguró que el proceso de integración al Mides garantizará que los programas existentes continúen y se respeten los derechos adquiridos de las mujeres.

Por su parte, Roberto Lugo, del MEF, explicó que el presupuesto asignado es de transición, y que ya se han iniciado reuniones entre ambos ministerios para integrar los programas por etapas, asegurando la continuidad de los servicios durante el proceso de reorganización.

El diputado Betserai Richards expresó su preocupación por la solicitud de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) de pagar a empresas que obtuvieron contratos directos durante la administración del exadministrador Luis Oliva.

Richards advirtió sobre posibles irregularidades en estos contratos millonarios y solicitó mayor transparencia en las auditorías remitidas a la Contraloría General de la República

Durante la discusión, Richards recordó que Oliva enfrenta actualmente un proceso en el Ministerio Público y fue enfático en que cualquier desembolso debe estar respaldado por auditorías externas.

El actual administrador de la AIG explicó que los contratos heredados fueron objeto de auditorías internas y que los informes con hallazgos se remitieron a la Contraloría. Además, precisó que no todos los servicios recibidos han sido honrados y que incluso se excluyó a una empresa de la solicitud presupuestaria tras detectarse irregularidades en el proceso.

Richards insistió en que la revisión no puede limitarse a la propia institución, manifestando que “algo como de yo con yo no garantiza transparencia”.

También alertó sobre una posible violación a la Ley de Presupuesto, que prohíbe a las entidades públicas autorizar adquisiciones o pagos sin contar con asignación presupuestaria ni registro formal del gasto. El diputado solicitó que la Contraloría confirme si los más de 10 millones de dólares en contratos heredados cumplen con los requisitos legales antes de autorizar pagos.

Mientras tanto, la AIG defendió que mantiene un proceso de depuración interna para evitar comprometer recursos en casos que presentan dudas o hallazgos de auditoría.