Las acciones de la Contraloría se dan tras más de un mes de huelga en el sector docente que arrancó formalmente el pasado 23 de abril
- 03/06/2025 14:00
El Ministerio Público inspeccionó este martes la Asamblea Nacional tras la denuncia por supuestas “botellas” en sus planillas.
La mañana de este martes 3 de junio, personal del Ministerio Público hizo una inspección ocular en las instalaciones de la Asamblea Nacional de Diputados.
Se conoció que hubo una reunión entre funcionarios del Legislativo y fiscales anticorrupción en las oficinas de la presidencia de la Asamblea.
Durante el encuentro, en el que estuvo presente la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, los fiscales anticorrupción solicitaron información relacionada con las planillas de este órgano del Estado.
La fiscal anticorrupción Adela Cedeño dijo que durante la visita contaron con toda la colaboración de funcionarios de la Asamblea Nacional y se les suministró la documentación que fueron a buscar.
“El Ministerio Público realizó inspecciones en las instalaciones de la Asamblea Nacional en vista de que existe, suscrita por la Contraloría General de la República por la supuesta conducta delictiva contra la administración pública en perjuicio del Estado”, destacó la fiscal.
Esta inspección ocurre luego de que la Contraloría General de la República presentara una denuncia por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, en perjuicio de la Asamblea Nacional, en relación con personal que estaría cobrando sin trabajar, comúnmente conocido como “botellas”.
La denuncia de la Contraloría
Se trata de la primera denuncia presentada por la administración del contralor Anel Flores, en virtud de la auditoría que avanza sobre el Legislativo y en la que adelantó que se han encontrado al menos 500 “botellas”.
“Estos funcionarios omisos en el cumplimiento de sus labores (funcionamiento del servicio público) con cancelación de sus remuneraciones salariales, contravienen la prohibición comprendida en el artículo 145 (numeral 19) de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, al censurar que ningún servidor público puede “cobrar salario sin cumplir con su jornada de trabajo, salvo las excepciones contempladas en esta ley”, señaló el documento presentado el pasado 21 de mayo por el abogado Irving Álvarez en representación de la Contraloría.
La Contraloría realiza una auditoría en la Asamblea, en la que ha detectado al menos unos 300 funcionarios sin labores específicas.
Lo Nuevo
