Municipios gestionarían el 1% del PIB con la descentralización

Los gobiernos locales perciben el ‘adviento’: la ley de descentralización del país, que el Ejecutivo ha decidido ejecutar en un año, dará más recursos a municipalidades ahorcadas por presupuestos que superan con creces sus balances de ingresos. Aunque en la práctica no se holgarán tanto. En conjunto, percibirán menos de una centésima parte del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El presidente Juan Carlos Varela ha anunciado que en enero de 2016 articulará la norma, con la transferencia a los distritos de lo que genere el controversial impuesto de inmuebles, uno de los más deficitarios del sistema fiscal panameño.

Según el ministro de Economía, Dulcidio de la Guardia (y su antecesor, Frank de Lima), el estándar internacional de recaudación de ese gravamen es de 1%, pero en 2013 apenas se consiguieron $121 millones (cerca del 0.3% del PIB), el equivalente, por ejemplo, a la mitad de lo que el Estado invirtió en ampliar la vía Tocumen.

El Ejecutivo ha llamado a los 77 municipios a negociar, desde el 15 de enero que viene, la manera en la que se les pasarán los fondos, establecidos por la norma de descentralización, discutida y aprobada (Ley 37 de 2009) en la década pasada, y congelada con Martinelli al poder.

DE $30,000 A...

La ruta del dinero que llegará a los distritos comenzará en el MEF y su Programa Nacional para el Desarrollo Local (Pronadel) y, según la Ley 37, seguirá a través de una Autoridad Nacional de Descentralización (aún no creada), que deberá supervisar todos los procesos relacionados.

El Gobierno Nacional sólo costeará la descentralización de los municipios ‘humildes’, a los que el Estado subsidia al año con $30 mil por alcaldía y $110 mil por junta comunal.

Los ‘urbanos’ (según la ley, Panamá, San Miguelito, Chepo, La Chorrera, Colón, Arraiján, Penonomé, Chitré, Santiago y David) deberán hacerlo por su cuenta.

En ese sentido, en 2013 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó a Panamá $7.8 millones y, paralelamente, el Pronadel empezó el 19 de noviembre las discusiones para reformar su manual de procedimiento, con lo que podría gastar hasta 20% de su presupuesto en la planificación del nuevo modelo de gestión pública.

Sobre esto último, Varela asegura que una vez termine la etapa de transición, la oficina del MEF revertirá la norma y entregará el cien por ciento de su partida a los gobiernos locales, ‘a todos por igual’.

LAS NUEVAS TAREAS

A diferencia, lo que se recaude en impuesto inmueble no será repartido equitativamente, sino con base en la población. Con eso y el subsidio del Pronadel, los gobiernos locales deberán costear sus nuevas responsabilidades: las provincias, los distritos y los corregimientos tendrán que ejecutar planes estratégicos de desarrollo independientes entre sí.

En ellos deberán atender la seguridad ciudadana, la gestión ambiental, la construcción, administración y mantenimiento de redes de servicio público no estratégicas, y de las instalaciones deportivas.

Además, serán los municipios los responsables de la protección del patrimonio arqueológico de sus circunscripciones, la organización de actividades y el manejo de instalaciones culturales, y deberán fijar la política de turismo local.

Gradualmente, expresa el artículo 63 de la Ley 37, el Gobierno Nacional le transferirá a los gobiernos locales el peso de la construcción y mantenimiento de puentes, caminos de producción, vías internas y distritales, el control de los semáforos y las señalizaciones viales.

Huáscar Eguino, especialista del BID en administración municipal, cree que la descentralización debería encaminar a los municipios a ser ‘actores centrales del desarrollo local y de la lucha contra la pobreza’, en un país harto en incoherencias: la ONU estima que el 52% de la población es pobre, pero por la data que llega al Fondo Monetario Internacional, la República es considerada la segunda más rica de Latinoamérica.

Varela, por su lado, sostiene que llevará el asunto ‘sin distinción política’. Y vitoreó que la ruta de la descentralización se decidió en Boquete, una de las pocas regiones no pobres de la provincia de Chiriquí.