Integrantes de la caravana migrante en el estado de Chiapas, en el sur de México, denunciaron este jueves 21 de noviembre que las autoridades les bloquearon...
- 17/09/2008 02:00
- 17/09/2008 02:00
PANAMA. Alrededor de 140 mil armas están en el país en manos de civiles sin que se conozca su estatus. Es por ello, que el gobierno impulsa un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para el control de la importación, venta y traslado de las armas que entran legalmente y evitar que terminen en manos de criminales.
La fórmula, de acuerdo con el ministro de Gobierno y Justicia Daniel Delgado Diamante, es fortalecer la institucionalidad del Servicio Aeronaval y Vigilancia Fronteriza y los controles aduaneros para evitar que entren armas por las costas y fronteras.
El motivo por el cual se requiere tomar estas medidas, agregó, es porque Panamá está enfrentado un incremento de la violencia en las actividades criminales, situación que ha venido reiterando.
Ayer, durante su participación en el foro “Seguridad Pública y Armas Livianas en Panamá”, organizado por el Servicio Paz y Justicia, el Movimiento Universitario 2025 y la organización pacifista de Suecia SWEFOR, el Ministro afirmó que el tráfico ilegal de armas tiende a ser mayor en el Istmo, y que se requiere de medidas de carácter preventivas.
El propósito de este foro era analizar el problema de las armas, por lo que advirtió sobre los riesgos y amenazas.
Amenazas
Entre las amenazas que enfrenta la sociedad panameña, según Delgado Diamante, están: el narcotráfico, el tráfico de armas, terrorismo y amenazas asimétricas; lavado de dinero, la formación de pandillas, el crimen organizado, la migración ilegal y por supuesto la violencia. “Más del 50% de los crímenes y homicidios que se dan en el país están asociados con el narcotráfico o con las actividades criminales”.
El 30 de junio de 2008, el Órgano Legislativo aprobó concederle al Ejecutivo facultades extraordinarias, y en agosto se crearon los decretos leyes que tienen que constituyen el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval, la nueva estructura del Servicio de Inteligencia, las reformas a la ley de la Policía Nacional y la del Servicio de Protección Institucional (SPI).
Y mientras se realizaba este foro sobre las armas y las medidas que se adoptarán para ponerle un alto a esta situación, la Casa Blanca de Estados Unidos emitió un informe en el que instó a los países de la región a tomar medidas como ha hecho Guatemala, con nuevas leyes de extradición y contra el crimen organizado.
El informe advierte sobre el movimiento de organizaciones de narcotraficantes de México y Colombia que huyen hacia países de Centroamérica.