Interponen amparo de garantías contra decisión judicial que excluye dos delitos en un nuevo juicio contra Martinelli

Dos amparos de garantías constitucionales fueron interpuestos éste miércoles por el abogado David Cuevas, en contra de la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones de excluir en un nuevo juicio contra el ex presidente Ricardo Martinelli, los delitos de peculado por malversación y peculado de uso.

Los recursos fueron interpuestos por Cuevas en representación del ex alcalde y ex candidato presidencial Juan Carlos Navarro y el abogado Rosendo Rivera.

El argumento en ambos recursos según Cuevas, es que el artículo 179 del Código Procesal Penal, no faculta al Tribunal variar el contenido de la acusación, por lo que advierte que se estaría dejando en impunidad esos hechos en donde asegura, se afectaron bienes del Estado por el orden de los 45 millones de dólares.

Además, planteó Cuevas, que la acusación pidió 21 años de prisión por 4 delitos y el Tribunal ordenó un nuevo juicio solo por dos delitos, sin tener facultad para ello.

El Órgano Judicial  ya fijó para el 22 de junio próximo la realización de un nuevo juicio en contra del ex presidente Martinelli, por la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.

En los recursos presentados se pide que se conceda la acción y se revoque única y exclusivamente el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de anulación TSA 79/2020 que señala lo siguiente: Ordena la realización de un nuevo juicio al señor Ricardo Martinelli Berrocal por los delitos de interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, de conformidad a la parte motiva de esta resolución.

“El ordinal 3 de la sentencia recurrida de manera ilegal y arbitraria decidió excluir del nuevo juicio los delitos de peculado por sustracción o malversación y peculado de uso y, en consencuencia, la pena de veintiún años de prisión solicitada por el Ministerio Público”, destaca el recurso interpuesto.

En el documento se señala que la decisión de desconocer o excluir los delitos de peculado por sustracción o malversación y peculado de uso, es violatoria de la garantía constitucional que obliga a las autoridades a asegurar la efectividad de los hechos, cumplir y hacer cumplir la ley.

“El Tribunal Superior de Apelaciones no hizo cumplir la ley, atentando contra el principio de estricta legalidad en cuanto a violentar un acto procesal que se había adoptado en la etapa intermedia y que fue ratificado o convalidado por el Pleno del Corte Suprema de Justicia”, destaca la acción legal interpuesta.