Un informe en defensa de la justicia

Las denuncias que aparecen en el informe de la Comisión de la Verdad me han producido mucha indignación y pena. Se trata de un documento histórico que descuaja del olvido los episodios criminales vividos en Panamá desde el 11 de octubre de 1968 hasta el 20 de diciembre de 1989.

En ese período la dictadura militar asesinó por los menos a 70 panameños y otros 40 se encuentran desaparecidos. Es decir, la vida de 110 compatriotas encontró un destino muy cruel.

El informe se ocupa específicamente de esos casos y abunda en detalles sobre todo el iter criminis o proceso ejecutivo de cada homicidio, lo que indica el acucioso papel de los comisionados.

Se presentan las declaraciones de muchos testigos que presenciaron los asesinatos y se revelan los duros momentos finales de algunas víctimas.

Si hubiera sido posible obtener las confesiones de cada asesino, el informe de la Comisión de la Verdad hubiera horrorizado al propio horror. El miedo se moriría de miedo. Tal era la ferocidad, la vesania puesta en escena por los militares panameños. Leí el informe en horas de la noche. Luego no pude conciliar el sueño. Me encontraba intranquilo por el pavor que transmitía su lectura.

La guadaña de la muerte durante el llamado proceso revolucionario colocó sus mortajas y cruces en diversos sitios del territorio nacional. También las colocó en Costa Rica (casos Sardiñas y Spadafora) y en Venezuela (caso Lekas). Hasta a esos países llegaba el brazo exterminador de la dictadura.

La Comisión de la Verdad buscó huesos humanos en 36 sitios distintos. Los encontró en 24 fosas ubicadas en los patios de los cuarteles, en lugares distantes o en centros urbanos. Fue agotador el trabajo de los investigadores. Las fosas comunes en los patios de los cuarteles resultaron una especie de huellas dactilares de los sucesivos estados mayores y de los miembros del Órgano Ejecutivo imperante durante la dictadura, por lo cual algo tienen que decir sus protagonistas para superar la actual mora arropada por el silencio. En el descargo de responsabilidades, los jefes de los cuarteles en cuyos patios fueron encontradas las osamentas, tienen la palabra esclarecedora.

No tengo el propósito de dramatizar este encuentro con el informe de la comisión, porque para obtener las lecciones más provechosas en beneficio de la salud de la patria se impone la serenidad del juicio. Lo cierto es que nunca antes la pasión política o la lucha por el poder habían sometido al istmo a la desventura de la perversidad.

El informe de la comisión abunda en relatos que constriñen el corazón o que exaltan la protesta a su máxima dimensión. Las torturas llevadas a cabo son incontables. Las violaciones carnales en perjuicio de hombres y mujeres están allí denunciando a sus autores como monstruos del sadismo; a unas víctimas les quemaban sus partes íntimas, a otras les quebraban los huesos. Hubo hijos que presenciaron con horror cómo desaparecían a sus padres o cómo los torturaban. A los rendidos los ejecutaban sin piedad (caso Giroldi y otros). A los detenidos les sacaban las uñas durante los interrogatorios, otros eran arrastrados por caballos a lo largo de los arenales de Coiba (caso Britton). Estas denuncias y muchas más, tan llenas de espanto, conforman el informe de la Comisión de la Verdad.

Asimismo, los comisionados denuncian el comportamiento del Órgano Judicial y del Ministerio Público de aquella época. La mayoría de los crímenes no eran investigados y los que sí fueron investigados terminaban, casi todos, con sobreseimientos por falta de pruebas o por prescripción. ¿Cómo se puede alegar prescripción si los expedientes permanecían encarpetados precisamente para que el tiempo se consumiera en beneficio del denunciado? Estas realidades que constan en las pocas sumarias que se abrían fueron examinadas por la comisión con especial esmero y resultan casos típicos de encubrimiento judicial. El homicidio es un delito tan atroz que jamás debe ampararse en la prescripción, sobre todo si estamos en presencia de una prescripción dolosa manipulada siniestramente por los togados de la dictadura.

El informe también resalta el hecho de que los criminales debidamente individualizados no solo escaparon a la acción de la justicia por los escandalosos sobreseimientos judiciales, sino en virtud de los inconstitucionales indultos presidenciales del pasado que venían a favorecer a delincuentes comunes, potestad que en todo país civilizado solo puede dispensarse a favor de delincuentes políticos cuando cumplen sus penas. El delincuente político responde en su acción transgresora a móviles altruistas, generosos, humanitarios o sean los propios que fundamentan las rebeliones contra las tiranías. ¿Se le puede dar este carácter a los asesinos de Tomás Palacios Salinas, de Dorita Moreno o de Floyd Britton? ¡Jamás!

La Comisión de la Verdad publica muchos documentos desclasificados provenientes del Gobierno de Estados Unidos relacionados con el gobierno militar de Panamá. Allí se encuentra un arsenal de informaciones. Una vez que los estudie, los acotaré para su divulgación. De lo poco que he leído puedo decir que, superada la aparente frialdad inicial al darse el golpe militar de 1968, el Gobierno de Estados Unidos se tornó paternalista y colaborador con los militares alzados y en particular con los sucesivos comandantes en jefe, sin excepción. Llama la atención algunos documentos que exaltan la figura y el trabajo del general Noriega.

El voluminoso informe de la Comisión de la Verdad constituye un testimonio muy severo sobre una etapa lacerante y vergonzosa de la nación. Leer sus páginas causa dolor porque en ellas se comprueba cómo se violaron con toda impunidad los derechos humanos en Panamá. El gran valor de este informe es que ya nadie podrá falsificar la historia al presentar al gobierno de los militares como una etapa gloriosa de la vida nacional. Quien lo pretenda hacer por simple y pueril adulación, encontrará en el informe de la comisión un desmentido irrefutable, y corre el riesgo de mancharse de sangre.

El Gobierno panameño está en el deber de divulgar este valioso documento. Sería un mensaje a la conciencia cívica para que nunca más vuelva a instaurarse un sistema totalitario, que hizo del ejercicio de la maldad su afición y su deleite.

Los comisionados Alberto Almanza, Juan Antonio Tejada Mora, Osvaldo Velásquez, obispo Julio Murray y Fernando Berguido, autores del informe de la Comisión de la Verdad, merecen de la patria su más alto testimonio de gratitud.