Abuso con gases lacrimógenos en Arimae, en el punto de mira de la Defensoría

Cientos de casquillos y latas de gas irritante fueron apilados en la localidad de Arimae, en la provincia de Darién, como una forma de protesta de la comunidad tras su enfrentamiento con miembos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Un hecho que recorrió las redes sociales la semana pasada y que refleja la magnitud de la represión que enfrentó esa localidad indígena, en una batalla campal con la fuerza pública en medio de las protestas contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social.

Dichos excesos fueron puestos bajo al lupa este martes por la Defensoría del Pueblo, que levantó un reporte tras una visita de dos días a Arimae junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en el que se evidenció “uso excesivo de gases lacrimógenos en la comunidad, que ha dejado varias afectaciones entre la población”.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de junio, en momentos en que el Senafrot, la rama de la Policía con formación militar ante amenazas en las fronteras, se desplegó en la carretera Panamericana para despejar la vía. Esta se mantenía cerrada como parte de las medidas de protesta contra la Ley 462.

Miembros de la comunidad han denunciado además que hubo al menos 10 personas heridas, algunas afectadas por balas de goma y heridas por perdigones. En tanto, el Senafrot, respondió en comunicado oficial que tuvieron tres de sus oficiales heridos y que los manifestantes habrían utilizado armas caseras incendiarias.

Desde la comunidad denunciaron daños a algunas residencias con los gases, en particular a personas con discapacidad, niños y adultos mayores en el área. Además, reclaman por el incendio de una casa tradicional a la fuerza pública, presuntamente provocado por una lata de gas lacrimógeno, hecho negado por el Senafront.

El Ministerio Público abrió una investigación de oficio el pasado 6 de junio por el delito de incendiarismo; en tanto el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, pidió a las autoridades “evitar ingresar a las comunidades si las vías ya han sido despejadas”.

Desde el pasado 23 de abril ha habido protestas en varios puntos del país contra la Ley 462 y el memorándum de entendimiento con Estados Unidos, que organizaciones populares consideran vulneran la soberanía. Denuncian además que el sistema de pensiones establecido con la nueva norma ofrece retiro con menos del 30 % del salario para la jubilación, algo rechazado por el gobierno.

No es la primera vez que la fuerza pública es señalada de excesivo uso de la fuerza en contexto de protestas. Durante el estallido social antiminero de 2023, también hubo denuncias de abusos, algunos registrados por la propia Defensoría, de acuerdo con un informe presentando en diciembre de ese año. Allí se detalla que al menos cinco personas perdieron la vista en un 50 %, dos de estas menores de edad.