AN afina ley para regular la compra de medicinas

A tres meses y días de que culmine la gestión de Gobierno del presidente de la República, Juan Carlos Varela, la Asamblea Nacional (AN), a través de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, ha tomado la batuta en la discusión de varias iniciativas de ley que buscan regular la adquisición de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS).

Ayer esta instancia legislativa prohijó los anteproyectos de ley 148 y 163, que modifican la Ley Orgánica de la CSS, en materia de adquisición de medicamentos.

El anteproyecto 148, impulsado por el diputado Juan Carlos Arango, del Partido Popular (PP), busca que se declare ‘de orden público e interés social la adquisición de medicamentos'.

El mismo establece que de resultar demasiado oneroso el costo de los medicamentos e insumos, de acuerdo con el precio de referencia establecido para el acto público por la Autoridad de Salud o los patronatos o cualquiera otra entidad de salud, las ofertas formalmente hechas a través de los actos públicos convocados conforme a la Ley de medicamentos o la Ley de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Salud, la Caja de Seguro Social o cualquier otra institución pública de salud del Estado, podrá adquirir en el extranjero los medicamentos, a través del procedimiento excepcional de contratación o compra directa, de forma inmediata directamente con los laboratorios fabricantes, organismos internacionales de salud o con entidades de seguridad social o instituciones públicas de salud de otros países.

El otro anteproyecto, el 163, es impulsado por los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez e Iván Picota, el cual, entre otras normas , establece que en caso de urgencia evidente no se celebrará acto público de selección de contratista, y en caso de desabastecimiento de medicamentos, equipos e insumos que tienen una delicada atención, la adquisición se dará en un plazo adecuado de dos, cinco y hasta diez días.

En tanto, las contrataciones que superen los $10 mil se harán a través de un acto público con un precio unitario de referencia que sea el más bajo del mercado.

La propuesta de Rodríguez también plantea multas desde $10 mil hasta $500 mil a aquella persona que interponga un recurso de reconsideración y apelación para demorar el trámite de adquisición.

El director de la Caja de Seguro Social, Julio García Valarini, manifestó que en estas iniciativas hay una sanción importante y el propósito de castigar es que se enderece el paso torcido. ‘Ahora mismo las sanciones están de una manera que ellos (los proveedores) las acogen y atrasan la entrega de los medicamentos'.

García Valarini señaló que la mayor parte del desabastecimiento de medicinas en la CSS es por culpa del proveedor.

Agregó que una de las propuestas permitirá notificar al ganador de un acto público a través del portal Panamá Compra. ‘Son temas que le van a recortar semanas a la CSS para adquirir los medicamentos. Ahora mismo a un proveedor que ganó una licitación se le llama y no contesta el teléfono y pasan semanas antes de proseguir el proceso porque está agotando esos días para traer el producto'.

El presidente de la comisión de Salud, el diputado Crispiano Adames, dijo, por su parte, que el país debe contar con una política nacional de medicamentos. Añadió que ambas propuestas prohijadas buscan satisfacer al ciudadano no sólo en la atención sino en la disposición de medicinas.

Otro proyecto, el 569, que crea la Dirección General para el Suministro de Medicamentos, del ministro de Salud, Miguel Mayo y el proyecto 650, que adopta una política nacional de medicamentos, del diputado Adames, están en una subcomisión para su análisis.