Cuestionan a la ANAM por proyecto Barro Blanco

PANAMÁ. El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que construye la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), ha traído a colación el papel que desempeña la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), mientras que el estudio de impacto ambiental revela nuevas cifras de afectaciones y más contradicciones.

Ambientalistas cuestionan a la ANAM por la ‘falta de rigurosidad’ en la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto y piden la realización de un nuevo estudio.

El estudio de impacto de Barro Blanco señala que 992 personas se afectarán por la construcción del proyecto, de las cuales 459 residen en cinco comunidades del corregimiento Bakama de la comarca Ngäbe Buglé.

La información contradice versiones de directivos de Genisa que han alegado que el proyecto no afectará a pobladores, por lo que no habría necesidad de reasentamientos.

De acuerdo con el estudio de impacto ambiental, se contabilizó 106 árboles por cada hectárea inundadas. Empero, el documento genera más dudas sobre la cifra real de las áreas que serán anegadas.

La empresa ha dicho públicamente que se inundarán 234 hectáreas, pero en el estudio de impacto ambiental solo se habla de 190. En documentaciones que Genisa presentó ante la Organización de las Naciones Unidas para aplicar por los créditos de carbonos dice que son 258 hectáreas.

Tres cifras diferentes con repercusiones a la hora de cuantificar el daño al ecosistema. ‘Si se plantea la afectación de 190 hectáreas entonces se puede afirmar que deberán reponerse un total de 20 mil 140 árboles’, señala el documento.

Esta cifra surge por la multiplicación de 160 árboles por cada una de las 190 hectáreas, que según el estudio de impacto ambiental se inundarán. Sin embargo, si se hace la misma operación matemática por 234 y 258, la tala de árboles aumenta significativamente.

¿Cuál será la cifra real de árboles que talarán? Para la empresa es ‘aproximadamente 20 mil árboles’, o por lo menos así lo consignó en un estudio socio ambiental que presentó ante entidades financieras europeas para el posible financiamiento.

EIA, UN MERO TRÁMITE

Raisa Banfield, directora de Panamá Sostenible, dijo que estas contradicciones evidencian que los estudios de impacto ambiental se han convertido en un mero trámite para desarrollar un proyecto y la ‘incapacidad’ de las instituciones del Estado para velar por el interés colectivo. Para Banfield es cuestionable que con tantas variaciones que ha tenido ese proyecto y la ANAM no ha solicitado un nuevo estudio de impacto ambiental.

Además de que las contradicciones en las afectaciones que envuelven este proyecto podría constituirse en un delito ante la posibilidad de que se esté falseando datos.

José González, de Oilwatch Panamá, consideró que se trata de una realidad histórica de la ANAM de aprobar un estudio de impacto ambiental con informaciones falsas, errores geográficos y demográficos de gran importancia científica en las evaluaciones ambientales.

La débil institucionalidad del país una vez se pone en perspectiva, siendo la ANAM la entidad señalada por desarrollar una política pública opuesta a sus objetivos, recalcó.

Muchos recursos se están destruyendo sin hacer las evaluaciones adecuadas, consideró Arturo Dominici Arosemena.

En nuestro país aún hace falta un inventario y estudios de factibilidad para muchas especies que podrían representar un alto valor económico, recalcó.

Aunque se envió un correo electrónico a la oficina de Relaciones Públicas de la ANAM y se llamó en dos ocasiones, al cierre de esta nota aún no habían respondido.