Asamblea aprueba devolver a primer debate proyecto sobre derecho a réplica en Panamá

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este lunes 30 de marzo devolver a primer debate el proyecto de ley que reforma el derecho a réplica en Panamá, en medio de cuestionamientos por su posible impacto en la libertad de expresión.

El diputado de la coalición Vamos, Jorge Bloise, anunció el pasado viernes que solicitaría este lunes ante el pleno que el proyecto fuera devuelto a primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

El proyecto de ley No. 391, impulsado por el diputado Ernesto Cedeño, plantea que las rectificaciones o respuestas tengan condiciones similares de relevancia, espacio y difusión que la información original publicada.

Aunque sus defensores sostienen que busca proteger la honra y reputación de los ciudadanos, el proyecto ha generado preocupación en gremios periodísticos y sectores empresariales, que advierten sobre posibles afectaciones a la autonomía editorial de los medios.

En ese contexto, diputados como Bloise, Barboni y otros han impulsado la decisión de frenar su avance y abrir nuevamente la discusión, proponiendo que la iniciativa regresara a la Comisión de Gobierno para un análisis más amplio.

El pleno finalmente avaló esa postura: el proyecto fue devuelto a primer debate, lo que implica que deberá ser revisado nuevamente antes de continuar su trámite legislativo.

“Debería haberse rechazado. Proyectos como estos son antipopulares”, expresó el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson.

Antecedentes

El pasado 24 de marzo, el pleno rechazó alterar el orden del día para votar la devolución del proyecto a la comisión. La solicitud había sido presentada por el propio Cedeño, quien la semana anterior se comprometió con gremios periodísticos a reabrir la consulta pública.

El diputado de MOCA planteó que el objetivo de devolver la iniciativa a primer debate es permitir la participación de organizaciones como el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo, que afirmaron no haber sido escuchadas durante la primera discusión del proyecto.