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- 16/12/2025 16:17
La Comisión de Presupuesto avaló dos traslados por $13 millones solicitados por ETESA, que incluyen pagos a una empresa vinculada al exdiputado Héctor Brands, investigado por presuntos delitos financieros
En una comparecencia marcada por los cuestionamientos éticos, la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) solicitó este martes 16 de diciembre ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la aprobación de dos traslados presupuestarios por un total de 13 millones de dólares, destinados a cubrir deudas con contratistas.
Aunque los fondos fueron finalmente aprobados, la sesión reveló prácticas de opacidad informativa y expuso los vínculos de una de las empresas beneficiadas con un caso de corrupción bajo investigación fiscal.
El primer traslado, por 2.5 millones de dólares, busca saldar deudas con seis empresas que realizaron trabajos de limpieza de servidumbres y mantenimiento de áreas verdes. Entre ellas figura Multiservicios Modernos, S.A., a la que ETESA adeuda $441,375.
Esta sociedad está vinculada al exdiputado Héctor Brands, investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Según datos de auditorías anteriores, el 96% de los pagos estatales recibidos por esta empresa entre 2020 y 2024 provinieron de ETESA.
El segundo traslado, por $10.5 millones, está destinado a Inversionistas de Construcción, S.A. (Iverco), contratista a cargo de la repotenciación de la línea de transmisión Veladero-San Bartolo-Llano Sánchez-El Coco, obra crítica para la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Estos mismos traslados ya habían sido rechazados en octubre pasado debido a la negativa inicial de ETESA de proporcionar los nombres de las empresas beneficiarias. “Llevamos meses prácticamente correteando esta información. Es un patrón de opacidad que no se condice con el discurso de transparencia”, afirmó la diputada independiente Janine Prado, quien lideró el cuestionamiento.
Durante la sesión, se evidenció que varias órdenes de compra presentadas estaban incompletas –algunas con solo la primera página–, lo que impedía verificar montos unitarios y cantidades. Además, se detectaron discrepancias numéricas en documentos de empresas como Consorcio Aurora, S.A., donde el monto en letras difería del expresado en cifras.
Los pagos se enmarcan en lo permitido por la Ley 454, que excepciona a ETESA y otras empresas públicas de la Ley de Contrataciones Públicas para servicios de mantenimiento y limpieza con montos inferiores a 1 millón de dólares. No obstante, la Comisión de Presupuesto ya aprobó una reforma (Ley 494/2025) que reduce ese tope a 500 mil dólares y prohíbe la fragmentación contractual para eludir licitaciones.
“Este vacío legal ha permitido contrataciones directas sin competencia. Aunque son legales, moralmente son insostenibles”, argumentó Prado, quien además impulsa un proyecto de ley de beneficiarios finales para hacer públicos los verdaderos dueños de las empresas contratistas del Estado.
Frente a los señalamientos, los representantes de ETESA defendieron la legalidad de los procesos. Gisela Castillo, directora de Finanzas, explicó que los pagos corresponden a trabajos ya ejecutados y facturados, y que los ahorros operativos de 7.5 millones de dólares logrados este año permitieron asumir parte de estos compromisos. Óscar de Gracia, director de Operaciones, subrayó la “alta especialización técnica” requerida para estos servicios, lo que justificaría la contratación directa.
El presidente de la comisión, diputado Eduardo Vasquez, cerró la sesión con un llamado a la responsabilidad informativa: “Cada vez que una entidad oculta datos, se genera morbo y desconfianza. Exigimos que, en el futuro, la documentación llegue completa y a tiempo”.
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