Barro Blanco espera decisión del Ejecutivo

La represa está casi lista, solo faltan las compuertas. Una vez esté completamente finalizada, el Gobierno deberá anunciar si el proyecto continúa o no. Mientras el tiempo se agota, los grupos indígenas advierten de nuevas protestas, al mismo tiempo que una nueva arista aparece en el escenario: la cacica general, Silvia Carrera, se gana el rechazo de la mayoría de sus electores.

El ambiente político y cultural en la comarca Ngäbe Buglé no ha dejado de ser tenso desde la firma del acuerdo para la terminación de la represa, logrado el pasado mes de septiembre.

Los indígenas rondan el área de construcción del proyecto, fiscalizando cada movimiento, mientras que los empleados de la compañía Genisa, encargada de administrar la concesión, esperan también el desenlace.

‘Tanto Genisa como los bancos internacionales que financian el proyecto, exigen que se respeten los derechos legales como concesionario', indicaron voceros de la compañía.

Aunque la incertidumbre corroe, por igual, los ánimos de las dos partes en conflicto, la diferencia es que una de estas sabe qué armas tomar.

‘El próximo año seguiremos en las calles. No vamos a permitir que esto continúe. Ha sido una lucha muy grande y hemos demostrado que hay irregularidades. Llevaremos esto hasta el final', advirtió Adelaida Miranda, miembro del movimiento M-10, que se opone al proyecto energético.

TIERRAS Y PETROGLIFOS

La historia parece estar a punto de volver a comenzar, como en la famosa espiral, mientras que el núcleo del conflicto permanece: las cinco hectáreas de tierra que pertenecen a las zonas anexas a la comarca podrían inundarse cuando el proyecto esté listo, destruyendo los petroglifos encontrados durante los trabajos de excavación.

Los indígenas han denunciado el mal manejo de este patrimonio cultural indígena por parte de la empresa.

Una serie de cartas enviadas a la Dirección de Patrimonio Histórico a finales de los mandatos presidenciales de Martín Torrijos y Ricardo Martinelli evidencian que estos conocían la situación y no hicieron nada al respecto.

Además, los indígenas aseguran que el Estudio de Impacto Ambiental fue violado.

‘El proyecto de Barro Blanco se ha desarrollado en respeto a las leyes, por lo que esperamos terminar esta obra', indicaron voceros de la compañía.

Desde el 2008, las protestas contra la represa han sido intermitentes. El pasado 9 de febrero se emitió una orden de suspensión temporal. Pero, tras casi 10 meses de diálogo, la orden fue levantada.

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‘Iremos a las calles otra vez, el próximo año. No vamos a permitir que esto continúe. Vamos a llevar esto hasta el final',

ADELAIDA MIRANDA

VOCERA DEL MOVIMIENTO M-10.