Colombia: batalla por recompensas

COLOMBIA. La emisora W Radio de Colombia reveló ayer uno de los aparentes secretos mejor guardados del conflicto armado interno en ese país. En exclusiva, obtuvo informes de la directiva ministerial 029 de 2005, a la que se refirió el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, y sobre la cual pidió una revisión urgente.

Allí se establece el pago de sumas de dinero a informantes que hacen que el campo de batalla se pueda convertir en un mercado de recompensas.

Es un documento clasificado como Secreto, cuya contenido fue puesto también en la web de W Radio. Indica que quienes informen del paradero de cabecillas, de armamento, o de elementos logísticos de grupos al margen de la ley, tendrán derecho de cobrar dineros al Ministerio de Defensa según la importancia de lo hallado.

Se agrega que la directiva ministerial permanente 029 de 2005, fue expedida el 17 de noviembre de 2005 por el entonces ministro de Defensa Camilo Ospina.

En esta se fijaron recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de los grupos armadas rebeldes, material de guerra, comunicaciones e información sobre acciones ligadas al narcotráfico y pago de información que sirva para continuar labores de inteligencia y posterior planeamiento de operaciones.

El texto de 15 páginas fija, por ejemplo, pagos desde 3 millones 815.000 de pesos hasta 5 mil millones por los cabecillas, según su importancia y los hechos que han ejecutado.

Después de analizar el documento, la emisora colombiana destaca que llama la atención, que en la directiva, al fijar los criterios para el pago de recompensas, hay 15 y 40 cupos de informantes que podrán cobrar si delatan a los cabecillas, pero después ya no hay un cupo definido, quedan abiertos o sin monto.

Las autoridades investigan si a partir de esta directiva se habrían propiciado ejecuciones extrajudiciales en las que podría haber una mafia de caza recompensas aliados con militares, pues, estadísticas de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, indica que tras la expedición de la directiva pasaron de tramitar 73 denuncias en el año 2005, a 122 en el 2006, y en el 2007 se alcanzaron 245 denuncias.

La W consultó al actual embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, quien como ministro de Defensa expidió en el 2005 el instructivo, y señaló que con este documento se buscó reglamentar el pago de recompensas de manera transparente y sin lugar a equívocos por parte de la Fuerza Pública.

“No estimula de ninguna forma ni autoriza la muerte fuera de contexto”, indicó Ospina tajantemente.