Las contradicciones del BDA

PANAMÁ. El panorama en el caso del embargo de una finca junto al río Bayano por el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) se vuelve más confuso mientras más se contempla.

El BDA ha sido poco constante en sus posturas sobre el caso en los últimos 11 años en los que ha mantenido el embargo sobre la finca en cuestión.

El banco había decidido el 4 de enero de 2000 ‘aplicar la jurisdicción coactiva’ a una finca de 254 hectáreas propiedad de Julio De León, que este había puesto como garantía para un préstamo de unos 483 mil dólares que pretendía financiar un cultivo de arroz y un sistema de riego.

LA PRIMERA TESIS

El embargo, que demoró apenas 20 días en ejecutarse, partió de un reporte de Nidia Caballero y Mario Vargas y estos a su vez tomaron como referencia la fecha en que se aprobó el dinero para De León.

Seis años después, la Contraloría confirmó lo que en ese momento el agricultor decía con vehemencia.

El préstamo entraba en mora 78 días después. Eso sería el 18 de enero de 2000. Es decir, la teoría de la mora no prosperó. Al menos no según la Contraloría.

De León dijo a La Estrella que a él no le queda duda de que ‘alguien quería la finca’. Es la única explicación del porqué una situación así puede prolongarse por 11 años.

Hasta el 2007, el Consejo Nacional de Transparencia se unió a la Contraloría e instó al BDA a ‘corregir’ anomalías administrativas en el proceso, que entre otras cosas habían afectado la ‘confianza’ de un ciudadano en la institución.

Eran las primeras voces de aliento para De León en un pleito por recuperar su tierra que ya llevaba siete años sin luces de solución.

LA RESOLUCIÓN DE 2007

Desde que De León había logrado el préstamo en el BDA hasta que la Contraloría y el Consejo de Transparencia le dieron la razón, aún con dos argumentos a su favor el asunto parecía estancado. ‘Esas tierras son muy valiosas y atractivas’, dice De León casi resignado.

En 2007 demanda al BDA, basado en los argumentos de la Contraloría, ‘mis abogados me dijeron que teníamos que hacer algo’.

La presión era grande, una demanda por más de 7 millones de dólares. Poco después de presentada la acción legal, la Junta Directiva del BDA decidió negociar. Esa determinación quedó plasmada en la resolución número 25 del 4 de diciembre de 2007. (Ver recuadro 1).

En ese documento, el BDA parecía optar por el camino de la conciliación. Ahí la Directiva resolvió aprobar una ‘transacción’ con la empresa de De León. Esta transacción incluía una indemnización de 566 mil 702 dólares al agricultor y este desistiría de la demanda millonaria contra el banco.

CAMBIO DE OPINIÓN, CAMBIO DE GOBIERNO

Por alguna razón que nadie ha definido, entre 2007 y 2009 no pasó nada más. ‘Yo estaba esperando’, dice De León.

Cuando cambió el gobierno, en julio de 2009, el panorama se volvió más complicado aún.

Ahora el BDA, bajo nueva administración, decidió que era mejor esperar el fallo de la Sala Tercera.

Pero a finales de 2009, Rigoberto Amaya —entonces subgerente del BDA— le dio un nuevo giro al asunto, una década después del embargo dice que De León ‘no estaba en mora...’.

Según dijo Amaya a la Corte en un informe, la ‘jurisdicción coactiva’ (el embargo) se aplicó porque en diciembre de 1999 dos funcionarios del BDA no pudieron inspeccionar el proyecto por lo que van a esperar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.