Caso Odebrecht y el ocaso de la justicia panameña

Era necesario, pero es lamentable que persistan los mismos funcionarios cuestionados por evidentes muestras de selectividad en sus actuaciones.

Las últimas actuaciones reflejan que el Ministerio Público parece retomar la objetividad en sus investigaciones. Contrario a lo que se percibe, la indagatoria es el primer medio de defensa que tiene una persona que ha sido señalada, para ilustrar al funcionario investigador en búsqueda de la verdad material de los hechos.

En Panamá y el resto del mundo se admite fianza para no ser detenido y/o para excarcelación, indistintamente del tipo de delito atribuido al sujeto señalado.  No olvidemos que, hasta tanto sean declarados culpables, son inocentes y así se les debe tratar.

Si son funcionarios de carrera, sí. Requerimos jueces competentes e imparciales, tal como lo garantiza la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.1.

Deberían revisar los acuerdos de pena, que ya fueron violados por los propios fiscales. En Panamá pusimos la carreta por delante de los bueyes: festinamos mediáticamente el caso, desgastamos el nombre de nuestro país y terminamos con unos acuerdos económicos totalmente irrisorios frente a los montos medianamente acreditados, con facilidades de pago; y encima de eso, le teníamos que pagar la terminación de la obra en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.  En cambio, Estados Unidos adelantó investigaciones exhaustivas y, silenciosamente, llegó a acuerdos equivalentes a siete veces los montos acreditados en sus investigaciones.  En Panamá, según las investigaciones realizadas hasta el año 2017, resultó que Odebrecht utilizó el sistema financiero panameño para movilizar cerca de $700 millones de dólares, pero en Panamá se utilizó un criterio inverso: en lugar de siete veces la suma involucrada, acordaron devolver 1/7 parte ($100 millones, en lugar de $700 millones, que establece nuestro Código Fiscal a manera de referencia) y una multa de $120 millones que arroja un total de 220 millones, suma esta que Odebrecht acordó pagar a plazos. Todo ello como parte de un beneficio por una colaboración eficaz que aún se desconoce su alcance.

Quisiera ser optimista y pensar que se logrará la sanción penal de los que resulten responsables, además de la recuperación de los fondos públicos pagados por Odebrecht, en concepto de coima, por la diferencia generada de los sobrecostos en los contratos públicos otorgados por los representantes de los distintos gobiernos que se han sucedido.

Existe una percepción social que no solo la justicia, sino los órganos del poder político en su conjunto (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están carcomidos por la corrupción, razón por la que nuestro sistema de justicia penal tiene una oportunidad de oro para demostrar, a través de una investigación objetiva, que respeta los derechos y garantías constitucionales y legales de los procesados; que estos han o no cometido actos de corrupción, y exigir de los órganos jurisdiccionales no solo la sanción penal, sino también la devolución de los fondos públicos propiedad de todos los panameños.

El sistema de justicia penal estadounidense ha demostrado ser efectivo en el combate a la corrupción, entre otros temas, esto lo decimos sin entrar en consideraciones político nacionalistas, por no ser el caso; razón por la que, a nuestro criterio, si existe una investigación en trámite relacionada con la apertura de cuentas a nombre de compañías offshore por las que supuestamente se transfirió dinero que se originó del esquema de sobornos de la constructora Odebrecht, no creo que dicha investigación carezca de sustento probatorio técnico que demuestre las declaraciones vertidas por los agentes del FBI, ante la Corte del Distrito Este de Nueva York. Ahora bien, lo ideal, es que estas personas hubiesen sido investigadas y juzgadas por el sistema de justicia penal de nuestro país, por las connotaciones y perjuicios que se causaron al erario público, lo que se extrae, según los distintos medios de comunicación, de los acuerdos de delación premiada a los que llegaron los representantes de dicha constructora.

No es que tomarán, sino que están obligados legalmente a hacerlo; sin embargo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, en los últimos años no solo hemos visto escándalos sin precedentes que involucran a magistrados de las distintas salas, sino que también hemos visto su procesamiento por el sistema de justicia penal, como fue el caso de exmagistrado Moncada Luna que fue condenado a 60 meses (cinco años) de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos, y formalmente separado de su cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Creo que es el momento de que la sociedad panameña, a través de sus organizaciones, se pronuncie de manera unitaria para exigir, en sus ámbitos de intervención, que tanto el Ministerio Público como el Órgano Judicial logren mediante una investigación objetiva que se respete la presunción de inocencia y los derechos y garantías constitucionales de los procesados, la sanción penal que les corresponda, de resultar involucrados, y, sobre todo, la recuperación de los fondos públicos que durante esta pandemia hubiesen servido para ayudar a cientos de miles de panameños a quienes se les han suspendidos sus contratos, o simplemente venían de la informalidad, y hoy sufren los efectos de la crisis.