Caso Pandora: Banco se defiende de acusaciones, Chapman pide confianza

El caso Pandora abarca una lesión patrimonial de más de 42 millones de dólares, involucra a uno de los principales bancos del país, ha resultado en 16 personas imputadas y ahora hasta un expresidente de la República hace señalamientos.

Las audiencias del fin de semana estuvieron cargadas de drama y tensión. Dos personas se desmayaron antes que les decretaran las medidas cautelares. En total, 13 permanecen bajo detención provisional y 3 bajo detención domiciliaria. De estas últimas, dos son por motivos médicos y uno recibió esta medida ya que colabora con el Ministerio Público en la investigación, de acuerdo a una fuente judicial cercana al caso.

En este escenario, el expresidente de la República Ricardo Martinelli utilizó sus redes sociales para señalar a un ejecutivo bancario que dice “está embarrado hasta la wacha”.

“En el masivo robo de impuestos hecho a la DGI saldrá a relucir un ejecutivo creído, arrogante y prepotente que es gerente de un prominente banco colombiano”, publicó Martinelli en su cuenta personal de Instagram.

Se trata de una referencia al BAC International Bank, de capital colombiano, que aparece en las investigaciones por la Operación Pandora como la entidad que adquirió créditos fiscales valorados en millones de dólares.

Esto no quiere decir que hayan recibido dinero en efectivo. Una auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicada en octubre del año pasado explica que el sistema e-tax 2.0 los aplica como pago sin que esté respaldado por una entrada en efectivo.

La Estrella de Panamá contactó directamente al banco para obtener su versión de los hechos.

“BAC nunca recibió dinero del Estado por estos créditos. Lo que adquirió fueron créditos fiscales que la DGI ya mostraba como válidos en su sistema. Una vez registrados a nombre de BAC, se utilizaban únicamente para pagar impuestos futuros, igual que cualquier saldo a favor reconocido por la autoridad tributaria”, detalló la entidad bancaria respondiendo a un cuestionario de La Decana. “BAC no creó créditos fiscales, no manipuló sistemas de la DGI y siempre actuó de buena fe sobre acreditaciones que aparecían oficialmente registradas en el sistema estatal. Por otra parte, BAC ha colaborado plenamente con las autoridades competentes, mantenido al regulador y a las instancias de gobierno corporativo informados sobre los avances relacionados con esta investigación que adelanta el Ministerio Público”.

Si los créditos fiscales no entraban como dinero en efectivo, ¿cómo funcionaba el esquema criminal?

Para entenderlo es necesario ir por pasos. De acuerdo a la teoría del Ministerio Público, apoyada por una auditoría de la Contraloría y el MEF, funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) tomaban operaciones financieras de más de 10 años de antigüedad como compra de acciones, fincas y equipo y las anulaban en el sistema electrónico. Como las empresas pagan impuestos al realizar estas transacciones, esto abre boletas de pago y genera créditos fiscales.

Los créditos fiscales eran recibidos por empresas intermediarias. BAC, como agente retenedor de impuestos, quedó a cargo de estos créditos. Para convertir los créditos en efectivo, estos eran vendidos a otras sociedades por un valor menor.

Todo esto fue ejecutado, de acuerdo al Ministerio Público, por un puñado de abogados, repitiéndose múltiples veces los nombres de los representantes legales sin que se activaran las alarmas ni en la DGI, ni en el banco.

“BAC aplicó revisiones internas legales, fiscales-contables, contractuales y de cumplimiento, y los pagos siempre estuvieron condicionados a que los créditos aparecieran oficialmente acreditados ante la DGI. El Banco no creó créditos fiscales ni manipuló sistemas estatales; actuó sobre acreditaciones oficiales y mantiene la trazabilidad de las operaciones a disposición de las autoridades”, respondió el banco ante una pregunta sobre la debida diligencia.

¿Y qué pasó con los 42.4 millones de dólares en créditos fiscales al final?

De acuerdo al Ministerio Público se realizaron transferencias millonarias a distintas cuentas, por lo que se ha ordenado el secuestro de bienes a varios de los imputados y continúan las investigaciones. Si alguno de los créditos ya fue utilizado, o cuánto se mantiene en el banco, es información que no ha sido confirmada.

“Sobre el estatus específico de cada crédito; si fue aplicado, compensado o mantiene saldo, ese detalle forma parte de la conciliación tributaria y del expediente que se maneja con las autoridades competentes. A la fecha, BAC no ha recibido solicitud formal de reversión de créditos fiscales”, fue la respuesta oficial del banco.

Los cuestionamientos sobre la debilidad institucional de la DGI y el pago de tributos hicieron que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se tuviera que pronunciar al respecto.

“Desde que yo tengo uso de memoria ha habido tráfico de créditos fiscales que inclusive han terminado en consecuencias humanas duras, o sea que es un problema de larga data en el cual nadie le ha prestado la debida atención y en el cual sí se han engañado bancos, se han engañado empresas aseguradoras, se han engañado otro tipo de empresas a lo largo de los años y demuestra la debilidad de nuestro sistema”, manifestó Chapman a un grupo de periodistas. “Es un problema histórico y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer esa institucionalidad y también de ser necesario más adelante volver a tomar iniciativas legales para defender los intereses de los contribuyentes”.

El ministro responsabilizó de los problemas a la administración anterior y aseguró que se están atendiendo estas “debilidades” con el apoyo de organismos internacionales y países amigos. Pidió a los contribuyentes que se sientan tranquilos, asegurando que se están reforzando los controles y la gobernanza, apalancándose en el uso de inteligencia artificial.