Juristas alertan que la ‘escuela de inteligencia’ arriesga libertades ciudadanas

La creación de la nueva Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), concebida para capacitar a agentes en la detección y respuesta a las denominadas “operaciones de desinformación”, continúa generando cuestionamientos entre diversos sectores de la sociedad civil, que advierten sobre los riesgos que la iniciativa podría representar para las libertades democráticas.

Para la exprocuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia del Estado es una necesidad, especialmente ante amenazas como el crimen organizado o las fugas masivas de centros penitenciarios dirigidas por pandillas. Sin embargo, considera que el documento que crea la escuela deja interrogantes fundamentales sin responder.

A su juicio, existe una línea muy delgada entre una “operación de desinformación” y manifestaciones legítimas como el activismo social, por lo que la ausencia de definiciones precisas podría abrir la puerta a interpretaciones que afecten derechos fundamentales.

”Es evidente, después de la fuga masiva de reos, que Panamá tiene profundas deficiencias en materia de inteligencia. Sin embargo, hay que precisar a qué campañas de desinformación se refiere esta resolución. Eso necesita una definición por ley o en el mismo documento”, sostuvo.

Gómez también cuestionó la estructura de la nueva institución. Aunque la Resolución 122 habla de la creación de una “Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia”, considera que el contenido de la norma describe, en realidad, un programa de formación temporal o transversal, sin establecer con claridad una institución académica permanente con su organización y funcionamiento.

Las dudas son compartidas por la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien advirtió que las líneas de acción contempladas en la resolución están orientadas a la vigilancia y el control de la información, detalle que debe ser analizado con cautela.

La escuela estará adscrita a la Dirección Nacional de Docencia del Senan, bajo la supervisión de las direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia, cita la resolución. Su misión será preparar a los agentes para enfrentar amenazas como la desinformación, el terrorismo híbrido y el cibercrimen, además de fortalecer las capacidades de búsqueda, procesamiento y análisis de información mediante nuevas tecnologías. No obstante, el centro no contará con el aval académico del Ministerio de Educación (Meduca) ni expedirá diplomas oficiales.

Aunque el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, ha insistido en que la escuela “no es un centro para investigar a nadie”, especialistas sostienen que el problema no radica en su existencia, sino en la falta de reglas claras sobre el alcance de sus funciones.

Diversos expertos coinciden en que la resolución no define qué características tiene esa “desinformación”, una ambigüedad que, advierten, podría permitir interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades de turno y derivar en restricciones a la libertad de expresión, el pensamiento crítico y la participación ciudadana.

El debate también está marcado por el contexto político de los últimos años. Los expertos recuerdan la suspensión de garantías constitucionales durante las protestas en Bocas del Toro en junio del año pasado; el contenido del Plan Firmeza, que identifica la protesta social como un “riesgo para la seguridad pública”, y los antecedentes de las interceptaciones telefónicas ilegales durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.

Para los críticos, estos antecedentes obligan a establecer límites claros y mecanismos de control que impidan que las nuevas capacidades de inteligencia del Estado puedan ser utilizadas para vigilar la disidencia política, limitar la protesta social o restringir el ejercicio de las libertades ciudadanas.