Inteligencia con límites

Panamá necesita mejores herramientas para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico y las nuevas amenazas digitales. Negarlo sería desconocer una realidad que cambia con rapidez y que exige funcionarios preparados, tecnología y capacidad de análisis. En ese contexto, el Ministerio de Seguridad creó, mediante la Resolución 122 del 28 de mayo de 2026, la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Servicio Nacional Aeronaval. Será un centro interno, técnico y operativo, destinado a formar a miembros de los estamentos de seguridad en la búsqueda, el procesamiento y el análisis de información. La iniciativa puede fortalecer al Estado. Pero una expresión incluida en la resolución merece especial atención: “operaciones de desinformación”. La pregunta no es menor. ¿Quién determinará qué información es falsa, engañosa o peligrosa? ¿Con qué criterios? ¿Qué controles impedirán que una tarea legítima de seguridad termine confundiendo la crítica, la investigación periodística o la protesta ciudadana con una amenaza? No se trata de descalificar la escuela antes de que comience a funcionar. Se trata de evitar que la ambigüedad acompañe su nacimiento. La inteligencia estatal debe perseguir delitos y proteger al país, no vigilar opiniones ni clasificar como sospechoso a quien cuestione al poder. Panamá conoce el daño que causan las operaciones de vigilancia fuera de la ley. Por eso, cualquier fortalecimiento de estas capacidades debe estar acompañado de protocolos públicos, controles institucionales, rendición de cuentas y respeto absoluto a la privacidad y la libertad de expresión.