Caso Pandora: De Boca la Caja a la cárcel, así fue la audiencia de Jurado Rovira

José Miguel Jurado Rovira es un chiricano de 56 años de edad que sufre de presión alta. Gana entre 20 mil y 30 mil dólares al mes, tiene múltiples propiedades alrededor del país, pero afirma vivir en Boca La Caja. A través de sociedades recibió 23.8 millones de dólares en créditos fiscales y se transfirieron 2.3 millones de dólares a sus cuentas personales, de acuerdo al Ministerio Público. Es el más reciente imputado en la Operación Pandora.

Las audiencias de control de garantías arrancaron a las 11 de la mañana del viernes 17 de julio en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora. El primer paso fue la legalización de la aprehensión. Las autoridades mantenían una orden de aprehensión contra Jurado Rovira desde el 7 de julio de este año. Lo fueron a buscar primero a su casa en Playa Blanca, dónde su esposa les dijo que no estaba allí. Después fueron por él a un domicilio en Don Bosco, pero tampoco lo encontraron. Finalmente, el jueves 16 de julio Jurado Rovira se entregó por sus propios medios a las autoridades.

Fue conducido a la sede de la Policía Nacional, dónde su defensa denunció fue víctima de amenazas, aunque si precisar de parte de quien. Se le llevó a una revisión médica y vestido con polo, jeans, zapatillas blancas y esposas, llegó a la audiencia.

La jueza Meylin Jaén decretó legalizada la aprehensión al considerar que no se le violaron sus derechos.

Jurado Rovira fue imputado por cuatro cargos: corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos; blanqueo de capitales; y delincuencia organizada.

El empresario es una pieza clave en el entramado del Caso Pandora, y ha sido señalado como uno de los principales sospechosos por las autoridades. Se le acusa desde estar relacionado con coimas a funcionarios para modificar información tributaria, hasta formar parte de una asociación criminal organizada que explotaba las falencias del sistema de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Jurado Rovira aparece como directivo de dos sociedades: Servicios de Asesoría y Administración Jurado (SAAJ), e Inmobiliaria Riverside. De acuerdo al informe de auditoría elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que es utilizado por el Ministerio Público como referencia en el caso, SAAJ recibió 23.1 millones de dólares en créditos fiscales e Inmobiliaria Riverside recibió 701 mil dólares también en crédito por la aplicación de boletas de pago, generadas por anulaciones ilegítimas. Además, utilizando la figura de “créditos de pagos no aplicados”, llegarían 2.9 millones de dólares en créditos fiscales a Inmobiliaria Riverside y 817 mil dólares a SAAJ.

Estos créditos serían luego, de acuerdo a la Fiscalía, triangulados a través de otras sociedades para esconder su origen y finalmente cedidos al banco BAC International Bank.

Los créditos fiscales no son dinero en efectivo, solo se pueden usar para pagar compromisos tributarios, pero sí pueden ser traspasados o incluso vendidos de forma legal. Y es a través de estos traspasos que habría entrado el dinero real a las cuentas de los implicados en la Operación Pandora. Según la Fiscalía, unos 2.3 millones de dólares entraron a cuentas personales de Jurado Rovira en otros bancos.

La investigación del Ministerio Público detalla la trazabilidad de estos movimientos financieros. Los créditos se movían entre distintas sociedades como Bonay International Holding, Financiera Buena Fe, La Naranja, y Master Eco. Además de Jurado Rovira, están imputados en esta causa Jercovik Joyner, Cira Marín, Karen Pittí, entre otros por su participación en sociedades intermediarias que triangularon los créditos, de acuerdo a los fiscales.

El Ministerio Público señala a Jurado Rovira y otros representantes de sociedades de coimear a funcionarios de la DGI a cambio de hacer modificaciones en la plataforma e-tax de la DGI.

De forma general, lo que se hacía era anular operaciones antiguas como ventas millonarias de acciones, en algunos casos de empresas que ya ni siquiera operaban en Panamá como el Citibank, esto generaba créditos no aplicados para compensar el impuesto pagado en esa transacción. El crédito no iba a la empresa afectada, sino a sociedades intermediarias como SAAJ e Inmobiliaria Riverside, colocadas como nuevos representantes legales por funcionarios de la DGI.

Una funcionaria que se encuentra imputada en este caso, Catherine Aguirre, habría sido la responsable de cambiar el nombre de los correos electrónicos para que todos llegaran a una sola dirección, facilitando la acreditación ilegítima a nombre de las sociedades.

Según la fiscalía, Aguirre recibió una transferencia por 700 dólares.

Para lograr coordinar estos movimientos habría sido necesario falsificar documentos, incluyendo trámites a nombre de personas que se encontraban en distintos países con la colaboración de notarías. Pero la Fiscalía encontró rastreando el IP (dirección electrónica) que lejos de ser una operación internacional, la mayoría de las acciones se realizaban desde una sola localidad en Bella Vista, Panamá.

Por el momento, hay 17 personas imputadas en Operación Pandora, 14 de las cuáles se mantienen bajo detención preventiva. Entre ellas están los funcionarios de la DGI implicados, abogados y comerciantes. La Fiscalía busca demostrar que se trata de una estructura coordinada en múltiples niveles.

En el caso particular de Jurado Rovira, la Fiscalía compartió su historial migratorio para demostrar riesgo de fuga, señaló que posee múltiples domicilios y no fue posible localizarlo inicialmente, y sobre todo advirtió que la investigación está en curso y hay riesgo de que se alteren indicios importantes. Resaltaron que a la fecha no ha sido posible obtener el teléfono celular de Jurado Rovira.

La defensa de Jurado arguyó temas médicos como su presión alta y problemas en la columna, entregó su pasaporte, incluso ofreció que se colocara brazalete electrónico. Su principal argumento es que Jurado no forma parte de la DGI por lo que no tiene acceso a modificar información sensible.

La jueza desestimó los argumentos de la defensa e impuso la medida de detención provisional solicitada por la Fiscalía.

El fiscal Dagoberto Alvarado fue el responsable de presentar los argumentos de la Fiscalía. A la salida de la audiencia dio declaraciones sobre posibles acuerdos y los pasos a seguir en el proceso.

“Hasta el momento no se han firmado acuerdos de colaboración. Sí mantenemos personas por aprehender en esta causa que obviamente mantienen resolución de aprehensión. Hay personas por identificar y estamos en eso”, manifestó el fiscal.

Por su parte, el abogado encargado de la defensa de Jurado Rovira, Víctor Harding, negó que su cliente forme parte de una organización criminal y colocó la responsabilidad completamente en los funcionarios de la DGI.

“Nosotros consideramos que tal organización no existe. Esto fue una cuestión muy accidental, muy coincidental en tiempo y espacio en donde se permitieron por parte de funcionarios de la DGI falsificaciones de crédito fiscales. Realmente eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque parte de allí, parte de la falsedad que se introduce en el sistema e-tax. Eso lo hacen los funcionarios de la DGI y más nadie”, declaró el abogado defensor.

BAC International Bank, que de acuerdo al informe de auditoría recibió el 93% de los créditos fiscales, emitió un comunicado asegurando que la situación “se limita exclusivamente a acreditaciones para el pago de impuestos propios del banco. Por lo tanto, no guarda relación alguna con las cuentas, depósitos o fondos de nuestros clientes, los cuales se encuentran completamente seguros”.

En el comunicado, el banco enfatiza que nunca recibió dinero del Estado por los créditos y que al momento de comprarlos estos aparecían oficialmente certificados en el sistema de la DGI. “Fueron nuestros propios controles internos los que levantaron las alertas que se notificaron de inmediato a las autoridades. Asimismo, bajo una rigurosa política de cero tolerancia frente a cualquier irregularidad, realizamos una auditoría interna sobre el alcance de cada transacción, sin hallazgos que vinculen al banco o a nuestros colaboradores con las presuntas irregularidades de este caso”, concluye.