Sector público concentra el 78 % del aumento de la morosidad con la CSS

Diez entidades estatales, entre ellas la Universidad Autónoma de Chiriquí y varios municipios, impulsan el crecimiento de la cartera morosa de la Caja de Seguro Social

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El aumento de la recaudación de la Caja de Seguro Social (CSS) durante el primer semestre de 2026 contrasta con el crecimiento de la cartera morosa de la institución, impulsada principalmente por un reducido grupo de entidades del sector público. Universidades oficiales, municipios y dependencias estatales concentran los mayores saldos pendientes por cuotas obrero-patronales, situación que incide directamente en los indicadores financieros de la entidad encargada de administrar el sistema de seguridad social del país.

Entre enero y junio de este año, la CSS recaudó $2,245.7 millones en concepto de cuotas obrero-patronales, lo que representa un incremento de $145.7 millones, equivalente al 6.9 %, en comparación con los $2,100 millones registrados durante el mismo período de 2025. Estos recursos constituyen la principal fuente de financiamiento para el pago de pensiones, subsidios por enfermedad y maternidad, prestaciones económicas y buena parte de los servicios médicos que reciben asegurados, pensionados y sus beneficiarios.

No obstante, mientras los ingresos crecieron, también lo hizo la morosidad. Al cierre de diciembre de 2025, la cartera de cuentas pendientes ascendía a $279.4 millones. Seis meses después, el saldo aumentó hasta $301.9 millones, es decir, $22.5 millones adicionales.

La propia Caja de Seguro Social atribuye la mayor parte de ese incremento a un pequeño grupo de instituciones estatales. De acuerdo con la información oficial, el 78 % del aumento de la morosidad se concentra en apenas diez empleadores del sector público, lo que evidencia que el deterioro reciente de la cartera no responde a un incumplimiento generalizado de todos los patronos inscritos, sino a obligaciones acumuladas por entidades específicas.

El mayor saldo pendiente corresponde a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), cuya deuda asciende a $10,992,078.88. Del total, $6,045,538.13 corresponden a cuotas adeudadas a la Caja de Seguro Social y $4,946,540.75 a obligaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se trata del monto más alto registrado en la base de datos de empleadores morosos correspondiente al corte de junio de 2026.

En segundo lugar aparece el Municipio de Colón, con una deuda de $8,157,009.02. La base de datos también registra un segundo número patronal asociado a esa institución, con obligaciones pendientes por $194,769.52, por lo que ambos registros superan en conjunto los $8.35 millones.

La lista de mayores deudores la completan el Ministerio de Salud, Región de Colón, con $664,639.28; el Municipio de Santa Isabel, con $463,822.76; el Municipio de David, con $397,782.13; el Municipio de Portobelo, con $289,159.99; el Municipio de Mironó, con $184,240.36; el Municipio de Muña, con $126,078.97, y la Universidad Autónoma de los Pueblos, con $118,378.53.

El análisis de la base de datos también revela una marcada concentración geográfica de estas obligaciones. La mayoría de las entidades con mayores deudas pertenecen a las provincias de Colón y Chiriquí. Cinco de los diez principales registros corresponden a instituciones colonenses, mientras que cuatro pertenecen a entidades chiricanas. Predominan, además, los gobiernos municipales y las instituciones públicas de educación superior.

La situación resulta particularmente relevante porque las cuotas obrero-patronales constituyen uno de los pilares financieros del sistema de seguridad social. Los aportes que realizan empleadores y trabajadores permiten financiar el pago de pensiones, subsidios y la atención médica que presta la institución. Cuando estos recursos no ingresan de manera oportuna, la CSS enfrenta mayores presiones para mantener el flujo de financiamiento de sus programas.

Pese a ello, la institución aclara que el listado refleja la situación existente al momento de elaborar el informe semestral y que algunos empleadores ya iniciaron procesos para regularizar sus obligaciones.

El director ejecutivo de Finanzas de la Caja de Seguro Social, César Herrera, explicó que varias de las entidades incluidas en el informe ya cancelaron sus deudas o comenzaron los trámites para ponerse al día, por lo que esos movimientos se reflejarán en el informe correspondiente al cierre de 2026.

“Aunque figuraban como morosas al momento de cerrar el informe de morosidad publicada en el mes de junio de 2026, algunas entidades ya pagaron sus deudas o iniciaron el proceso para ponerse al día y eso se reflejará en el informe de cierre de año”, indicó el funcionario.

Herrera agregó que las entidades que todavía mantienen obligaciones pendientes fueron remitidas a la jurisdicción coactiva para continuar con los procedimientos de cobro establecidos por la legislación vigente.

La publicación del listado responde a una obligación establecida en el artículo 17 de la Ley 462, que dispone que la Caja de Seguro Social divulgue dos veces al año los nombres de los empleadores que registran tres meses o más de morosidad. La medida busca fortalecer la transparencia institucional y promover el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales tanto en el sector público como en el privado.

La CSS reiteró su llamado a todos los empleadores para que mantengan sus cuotas al día o recurran oportunamente a los convenios y arreglos de pago disponibles. La institución sostiene que el cumplimiento de estas obligaciones no solo responde a un mandato legal, sino que también garantiza los recursos necesarios para proteger las pensiones, los subsidios y las prestaciones de miles de trabajadores panameños.

Aunque los ingresos por cuotas continúan creciendo y muestran una recuperación respecto al año anterior, la concentración de la morosidad en un reducido grupo de instituciones públicas plantea un desafío para la gestión financiera de la CSS. El comportamiento de estas deudas será determinante para evaluar la evolución de la cartera morosa durante el resto del año y la efectividad de las acciones de cobro emprendidas por la institución.

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