Colegio de periodistas exige garantías a la libertad de prensa, ante nueva ‘escuela de inteligencia’

La creación de la nueva Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), concebida para capacitar a agentes en la detección y respuesta a las denominadas “operaciones de desinformación”, continúa generando cuestionamientos. A las advertencias formuladas por juristas y especialistas en materia constitucional se suma el Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (Conape), que alertó sobre los riesgos de la iniciativa para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

El presidente del Conape, Lorenzo González-Palma, manifestó su “profunda preocupación” por el hecho de que un estamento de seguridad asuma funciones relacionadas con el monitoreo, la calificación o el combate de las llamadas “operaciones de desinformación”.

”Si bien entendemos que la seguridad nacional enfrenta nuevos retos tecnológicos, el concepto de ‘desinformación’ es sumamente subjetivo y maleable. Cuando un cuerpo armado o de inteligencia militar/policial se otorga a sí mismo la facultad de definir qué es verdad y qué es mentira, se abre una puerta muy peligrosa hacia la censura previa”, advirtió.

Para el presidente del gremio, la respuesta frente a la circulación de información falsa no debe recaer en organismos de inteligencia.

“La desinformación no se combate con estructuras de contrainteligencia ni con secretismo. Se combate con transparencia pública, educación ciudadana, alfabetización digital y fortalecimiento del periodismo ético y libre. El periodismo profesional es el verdadero contrapeso y el filtro natural contra las noticias falsas, no los estamentos de seguridad”, sostuvo.

En ese sentido, el Conape hizo un llamado al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y a las autoridades del Senan para que expliquen con precisión cuál será el alcance de las funciones de la nueva escuela.

”Exigimos garantías plenas de que estas estructuras no serán utilizadas para amedrentar a periodistas, realizar perfiles de comunicadores o intervenir en el libre debate de las ideas”, solicitó González-Palma.

Los planteamientos del gremio periodístico se suman a los cuestionamientos formulados previamente por figuras del ámbito jurídico, así como organizaciones de la sociedad civil organizada.

La exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, ha señalado que fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado resulta necesario frente a amenazas como el crimen organizado o las fugas masivas de centros penitenciarios dirigidas por pandillas. Sin embargo, considera que la Resolución 122 de mayo de 2026, del Ministerio de Seguridad, que crea la escuela, deja interrogantes esenciales sin responder.

A su juicio, existe una línea muy delgada entre una verdadera operación de desinformación y manifestaciones legítimas como el activismo social, por lo que la ausencia de definiciones precisas podría dar lugar a interpretaciones que afecten derechos fundamentales. Esta opinión también es compartida por diversos representantes de la sociedad civil.

Gómez también cuestionó que, aunque la resolución habla de una “Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia”, el texto describe más bien un programa de formación sin establecer claramente una institución académica permanente con estructura, organización y funcionamiento definidos.

La escuela estará adscrita a la Dirección Nacional de Docencia del Senan y funcionará bajo la supervisión de las direcciones de inteligencia y contrainteligencia. Según la resolución, su misión será preparar a los agentes para enfrentar amenazas como la desinformación, el terrorismo híbrido y el cibercrimen, además de fortalecer las capacidades de búsqueda, procesamiento y análisis de información mediante nuevas tecnologías.

El centro, sin embargo, no contará con aval académico del Ministerio de Educación ni expedirá diplomas oficiales, precisa el documento publicado el pasado 16 de junio en la Gaceta Oficial.

Aunque el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, ha insistido en que la escuela “no es un centro para investigar a nadie”, especialistas sostienen que la principal preocupación no es su creación, sino la ausencia de reglas claras que delimiten sus funciones y establezcan mecanismos de control.

Preguntas sin respuesta

La Estrella de Panamá contactó desde el miércoles de la semana pasada al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, para conocer los avances de la implementación de la nueva escuela y profundizar aspectos contenidos en la Resolución 122.

Entre las preguntas enviadas al ministro se consultó quién determinará qué constituye “desinformación” y bajo qué criterios; cuál será el procedimiento que seguirá la escuela frente a estos casos; qué tecnologías específicas empleará para las labores de búsqueda, procesamiento y análisis de información;cómo ha avanzado la operación del centro y si los reportes o hallazgos que produzca podrán ser utilizados en investigaciones judiciales, entre otras.

El Ministerio de Seguridad prometió una entrevista para este miércoles con el director de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia pero fue cancelada sin informar una nueva fecha. Al cierre de esta edición el cuestionario enviado por La Decana, no ha sido contestado.