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Comisión de Gobierno rechaza prohijar anteproyecto que busca establecer un nuevo régimen notarial
- 21/10/2025 17:15
Con cuatro votos a favor y cinco en contra, la Comisión de Gobierno decidió no prohijar el anteproyecto de ley 204, que pretendía modernizar el sistema notarial panameño
El anteproyecto de ley N.° 204, titulado “Que establece el Régimen Notarial en la República de Panamá”, no logró el respaldo suficiente para ser prohijado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
La votación se saldó con cuatro votos a favor y cinco en contra, lo que impidió que la iniciativa avanzara a las siguientes etapas del debate legislativo.
La propuesta, presentada el 9 de septiembre por el diputado Jorge González López y respaldada por los diputados Miguel Ángel Campos Lima, Roberto José Federico Zúñiga Alvarado y Lenín Alberto Ulate Rodríguez, buscaba actualizar el marco legal del notariado panameño, vigente desde el Código Administrativo de inicios del siglo XX.
Entre sus principales objetivos, el documento pretendía establecer un régimen notarial moderno, definir con precisión las funciones, deberes y limitaciones de los notarios públicos, y crear un sistema de fiscalización y transparencia a cargo del Ministerio de Gobierno, con sanciones para quienes incumplieran las normas.
El texto proponía que los notarios fueran nombrados por un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección, mediante el consenso de una junta técnica conformada por siete instituciones: la Procuraduría de la Administración, el Órgano Judicial, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Comité Ecuménico.
Además, se establecía que los aspirantes debían cumplir requisitos más rigurosos: ser panameños, mayores de 35 años, abogados con al menos diez años de ejercicio profesional, y haber cursado un diplomado en derecho notarial de 120 horas avalado por el Ministerio de Gobierno o una universidad nacional.
El anteproyecto incluía una serie de disposiciones para garantizar la transparencia en la función notarial.
Entre ellas, la obligación de entregar copias anuales de los protocolos notariales a los Archivos Nacionales, la implementación de un sistema digital de registro mediante la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la creación de sellos notariales únicos y electrónicos controlados por el Ministerio de Gobierno.
Asimismo, el documento contemplaba multas de hasta $50,000.00 por incumplimientos y la posibilidad de auditorías periódicas para verificar la correcta gestión de las notarías.
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