Comisión de Presupuesto bloquea pagos a contratista con proyectos abandonados

La última sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional se convirtió en un punto de quiebre para la relación entre los diputados y varias empresas contratistas que ejecutan obras para el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Lo que comenzó como un trámite rutinario para aprobar una serie de traslados de partida se transformó en una jornada de reclamos acumulados y una cadena de rechazos.

La comisión dejó claro que no avalará pagos a empresas que, según los diputados, mantienen proyectos atrasados, abandonados o con materiales deficientes en distintos puntos del país.

La sesión abrió con la presentación formal del viceministro de Obras Públicas, Iván De Ycaza, acompañado de directores técnicos y de planificación.

Antes de que los cuestionamientos surgieran, la delegación del MOP repasó uno por uno los traslados sustentados la semana anterior, detallando montos y municipios donde se ubican las obras.

Entre la larga lista figuraban rehabilitaciones de calles en Chame, Chiriquí, Coclé, el sistema pluvial de Limajo en San Miguelito y varios mantenimientos de vialidad y áreas verdes.

Sin embargo, muchos de estos traslados tenían un denominador común: la empresa Centro Equipos S.A., cuyo nombre aparecía repetidamente como contratista a la que se le adeudan saldos, se le solicitan pagos de cuentas presentadas o se le deben reconocer retenidos.

Los diputados habían llegado preparados. Manuel Samaniego fue uno de los primeros en advertir sobre el volumen excesivo de trámites acumulados.

“Me parece irresponsable revisar más de 40 traslados de partidas en 30 minutos”, afirmó, subrayando que cada cuenta involucra dinero público y obras que afectan comunidades enteras.

“Nuestra responsabilidad es verificar que sean cuentas correctas y que se trate de obras que se hayan concluido o estén avanzando de forma adecuada”, reclamó.

El caso que encendió la mecha fue el del sistema pluvial del sector Limajo, en San Miguelito. De acuerdo con la intervención del MOP, la obra tiene un avance físico del 91% y un avance financiero del 68%. Samaniego cuestionó la disparidad: “¿Estamos pagando por debajo del avance o por encima?”, preguntó. La respuesta del MOP fue: “Estamos por debajo todavía”.

La tensión aumentó cuando intervino el presidente de la comisión, Eduardo Vásquez, diputado por el distrito de Capira, quien llevaba consigo una lista extensa de proyectos abandonados por Centro Equipos.

Su intervención fue la más severa y directa de toda la sesión. “Ya basta de que estas empresas continúen haciendo lo que les da la gana con los recursos de los panameños”, sentenció.

A partir de allí, Vásquez comenzó a enumerar una a una las obras inconclusas en su circuito, iniciadas desde hace años y sin avances visibles: la carretera Nueva Arenosa – La Florida, “de la cual todavía no han terminado el puente en Mina – Vista Alegre”; el proyecto Caimito – Cañazas, donde “tampoco se ha terminado el puente”; el cruce de Nuevo Paraíso; Sirilo Soto 2; Agua al Progreso; Agua Bajo – Bonito, que describió como un proyecto donde “la tosca que usaron, con una lluvia, se convierte en lodo”; y los caminos de Santa Rosa – Bellavista y Santa Rosa – Pueblo Nuevo, donde aseguró que “la tosca no es de calidad”. Agregó que dirigentes comunitarios le han enviado fotografías y denuncias recientes sobre el deterioro acelerado de los materiales utilizados. Añadió que en algunos puntos “no existe una sola máquina trabajando”, pese a que los contratos siguen activos.

Vásquez reconoció que el MOP actual ha hecho esfuerzos por reactivar algunos proyectos abandonados y agradeció al ministro por retomar obras como la carretera de Dos Aguas en Cerro del Soto.

Pero fue contundente: “Capira le abrió la puerta a esta empresa, pero también queremos sentirnos correspondidos. Lo único que pedimos es que terminen la obra”.

En ese momento anunció que votaría en contra de todos los traslados vinculados a Centro Equipos hasta que el MOP enviara informes detallados de avance y hasta que la Comisión de Infraestructura de la Asamblea realizara una inspección ocular.

En paralelo, el diputado Francisco Brea señaló otro problema técnico: la diferencia entre el avance físico y financiero en la carretera Santiago–Santa Fe, también vinculada a una empresa cuestionada.

Señaló que mientras la obra mostraba “alto avance físico”, estaba “muy por debajo en avance financiero”, lo que, a su juicio, debía obligar al MOP a revisar los flujos de pagos y las gestiones de cobro. Solicitó aclaraciones sobre un retenido superior a los $2.6 millones y pidió entender por qué los traslados no coincidían exactamente con ese monto.

Frente a la ola de negativas, el viceministro Iván De Ycaza pidió la palabra para un mensaje final. “Entendemos las frustraciones de los comisionados”, dijo.

“Muchas de las obras vienen de la administración pasada, con deficiencias en pliegos o en ejecución”.

Pero recordó que detrás de cada pago solicitado hay un impacto económico real: “La industria de la construcción tiene un efecto multiplicador de casi tres dólares por cada dólar invertido. Si el contratista no cobra, no cobran las pequeñas y medianas empresas subcontratistas”.

Cerró diciendo: “Trabajo ejecutado, lo justo es pagarlo”.

Eduardo Vásquez respondió: “Nosotros entendemos la economía circular. Pero lo único que estamos pidiendo es cumplimiento”.