Contraloría congela bienes por $1.3 millones del exvicepresidente Carrizo

La Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias de José Gabriel Carrizo por un presunto enriquecimiento injustificado de más de $1.3 millones

La Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias del exvicepresidente y exministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén, por un posible enriquecimiento injustificado que supera $1.3 millones.

La medida fue formalizada mediante la Resolución No. 3757-2025-LEG/PJ, firmada el 22 de octubre de 2025 por el contralor general de la República, Anel Flores.

La resolución establece que las medidas adoptadas buscan “salvaguardar los intereses públicos y garantizar” las resultas del proceso de cuentas que se derive del caso.

De acuerdo con el informe emitido por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense, “se detectaron irregularidades en el patrimonio del exfuncionario por la suma de 1,313,818.33 dólares”, correspondientes al periodo en que ejerció simultáneamente los cargos de vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia entre 2019 y 2024.

El documento ordena el secuestro de bienes, cuentas bancarias, fondos y vehículos propiedad de Carrizo hasta cubrir el monto investigado.

Entre los activos incluidos se encuentran fincas registradas a su nombre en el Registro Público de Panamá, así como cuentas, depósitos, tarjetas de crédito y cajillas de seguridad en el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Banco Prival.

También se incluyen vehículos registrados a su nombre y cualquier crédito o cuenta por cobrar contra el Tesoro Nacional o alguna entidad estatal.

Las instituciones financieras y entidades públicas fueron notificadas para abstenerse de realizar operaciones que impliquen la movilización de fondos o activos del exvicepresidente.

Los valores retenidos permanecerán bajo custodia de la Contraloría General hasta nuevo aviso.

La medida precautoria se sustenta en las facultades otorgadas por los artículos 279 y 280 de la Constitución Política, así como por la Ley 32 de 1984, modificada por la Ley 351 de 2022, que faculta al contralor a suspender pagos o disponer medidas preventivas cuando existan indicios de irregularidades graves en el manejo de fondos públicos.

La resolución también cita los artículos 33 y 37 de la Ley 67 de 2008 y el Reglamento de medidas precautorias adoptado mediante la Resolución No. 3126-2025-LEG/PJ, publicada en la Gaceta Oficial el 30 de septiembre de 2025.

El secuestro ordenado por la Contraloría tiene carácter preventivo y busca asegurar los fondos en caso de que se determine responsabilidad patrimonial.

No constituye una sanción definitiva, sino una acción destinada a proteger los recursos públicos mientras se desarrolla la investigación.

Carrizo reacciona

El exvicepresidente de la República y exministro de la Presidencia, reaccionó resolución de la Contraloría que ordena el secuestro de sus bienes y cuentas bancarias por un presunto enriquecimiento injustificado.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Carrizo calificó como “lamentable” que información sensible, supuestamente emanada de la Contraloría, se haya hecho pública antes de notificarse a las partes involucradas. “Este tipo de prácticas atenta contra el debido proceso y la transparencia institucional”, afirmó el exfuncionario.

Carrizo sostuvo que durante su gestión como Vicepresidente de la República y Ministro de la Presidencia (2019-2024) actuó “con responsabilidad, honradez y respeto por la ley”. Agregó que está dispuesto a responder ante las instancias correspondientes “con hechos reales y transparencia”, y reiteró que su compromiso es con la verdad.

“Me he mantenido al margen de cualquier declaración o participación pública, y pese a ello, he sido víctima de innumerables calumnias e injurias”, expresó. Añadió que confía en que “la verdad prevalecerá” y que, si es necesario, enfrentará cada señalamiento que afecte su honra, su familia y su apellido. “Nadie está, ni debe estar, por encima de la ley”, concluyó.

Carrizo, luego de salir de la Presidencia de la República, intenta ser juramentado como diputado del Parlamento Cetroamericano (Parlacen).

El artículo 155 de la Constitución Política de la República establece que los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional.

Hasta la fecha, Carrizo no ha emitido declaraciones públicas sobre la resolución.Esta decisión se da en un contexto en el que la Contraloría ha intensificado las acciones de control patrimonial contra exfuncionarios de alto perfil.

La primera cautelación de bienes se produjo a comienzos de octubre con el exalcalde de San Miguelito y excandidato a diputado, Héctor Valdés Carrasquilla.

En su caso, la Contraloría ordenó el secuestro precautorio de bienes por un total de 285 mil 345 dólares, según trascendió en las filtraciones del expediente. La resolución incluyó la retención de inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, depósitos y valores, con el mismo objetivo de proteger los intereses del Estado.

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