Contraloría denuncia a exdirectivos de la AMP por gestión de Panama Ports entre 2014 y 2023

El contrato de Panama Ports Company enfrenta un nuevo proceso penal tras la denuncia de la Contraloría. La acción ocurre luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la ley que sustentó la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal

El contrato que permitió a Panama Ports Company, S.A. (PPC) operar los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas enfrenta un nuevo capítulo judicial. La Contraloría General de la República presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) por posibles irregularidades relacionadas con la concesión, en una acción que alcanza a antiguos integrantes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), exadministradores de esa institución y a la propia empresa.

La denuncia, presentada el 17 de noviembre por medio de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría, señala posibles hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública. Entre los mencionados figuran quienes integraron como principales y suplentes la Junta Directiva de la AMP entre 2014 y 2023, así como quienes ocuparon el cargo de administradores generales durante ese período.

La acción penal se sustenta en los hallazgos del Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento sobre el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito entre el Estado panameño y PPC, además de sus respectivas adendas.

La fiscalización comprendió el período del 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2023. Durante ese proceso, la Contraloría examinó las cifras presentadas en los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las disposiciones establecidas en las modificaciones del acuerdo.

El caso adquirió mayor trascendencia luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 5 del 16 de enero de 1997, que aprobó el contrato entre el Estado y Panama Ports Company.

Contraloría denuncia a exdirectivos de la AMP por gestión de Panama Ports entre 2014 y 2023

La decisión de la Corte, fechada el 29 de enero de 2026 y publicada en la Gaceta Oficial el lunes 23 de febrero de ese año, declaró inconstitucional la ley que autorizó a PPC a desarrollar, construir, operar, administrar y dirigir las terminales portuarias de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.

El fallo también extendió la declaratoria de inconstitucionalidad a las adendas, la prórroga del contrato y los actos relacionados con su extensión, entre ellos la Resolución de Junta Directiva No. 043-2021 de la Autoridad Marítima de Panamá, del 23 de junio de 2021, y la certificación S.G.-No. 021-06-2021, del 28 de junio de ese mismo año.

Con esta decisión quedó sin sustento constitucional el marco legal que permitió a la empresa mantener la concesión y extender su operación por otro período. PPC administraba ambas terminales desde 1997, cuando obtuvo el contrato para operar instalaciones destinadas al movimiento de contenedores, carga general, carga a granel, pasajeros y carga rodada, conocida como sistema ro-ro.

La prórroga de 2021 también figuró entre los aspectos cuestionados. En ese momento, la extensión del acuerdo por igual período generó señalamientos sobre las condiciones de la concesión y los beneficios que recibía el Estado panameño.

Los cuestionamientos al contrato también llegaron a la esfera judicial por iniciativa de la Contraloría. El contralor general, Anel Flores, presentó el 30 de julio dos acciones ante la Corte Suprema de Justicia: una demanda de inconstitucionalidad y otra de nulidad contra el acuerdo de concesión.

Estas acciones tomaron como referencia los hallazgos de una auditoría entregada el 7 de abril, en la que la institución señaló posibles irregularidades, incumplimientos de inversión y perjuicios económicos para el Estado.

En declaraciones sobre el informe, Flores sostuvo que las condiciones del contrato resultaban desfavorables para los intereses nacionales y afirmó que más de $1,300 millones no ingresaron a las arcas públicas. Ese señalamiento formó parte de los cuestionamientos sobre los beneficios económicos que recibió Panamá durante la operación portuaria.

La concesión establecía una participación estatal del 10% en la empresa, según la información de contexto del caso, mientras que PPC mantenía la operación de los dos principales puertos del país, ubicados en los extremos del Canal de Panamá.

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