Contraloría endurece controles en San Miguelito; Duke impulsa ley para recortar poder a la AAUD

La Contraloría General de la República pasó la tijera financiera en San Miguelito y fijó un tope de apenas $1.000 para el refrendo, una camisa de fuerza aplicada solo a ese municipio.

Con este cambio, se establece que los jefes y supervisores de Fiscalización en San Miguelito solo podrán refrendar actos hasta un máximo de $1.000, como parte de un reforzamiento de los controles sobre el manejo de fondos públicos.

Antes de la modificación, coordinadores, fiscalizadores y jefes de Fiscalización podían refrendar actos de manejo de fondos hasta por $50.000 desde la Dirección Nacional de Fiscalización General. Con la nueva disposición, ese margen se reduce drásticamente, pero únicamente para el Municipio de San Miguelito.

Además, las planillas municipales dejarán de procesarse en San Miguelito y deberán ser tramitadas directamente en la sede central de la Contraloría, según pudo conocer La Estrella de Panamá.

La Contraloría explicó que la decisión tiene como objetivo fortalecer la fiscalización previa de los actos que impliquen erogaciones o afectaciones a los recursos del Estado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

La medida entra en vigencia a partir de su aprobación y ordena su publicación en la Gaceta Oficial, en cumplimiento de la normativa vigente, y se enmarca en las acciones de la Contraloría para reforzar los mecanismos de supervisión del gasto público y asegurar el uso adecuado de los recursos estatales, particularmente a nivel municipal.

Sin embargo, figuras como Juan Diego Vásquez, actual líder de la Coalición Vamos, señalaron esta medida como “preocupante”, destacando que el contralor hace uso de sus funciones para atacar a la alcaldesa de San Miguelito.

”Sustento jurídico para esta medida: Irma le cae mal y no le permite hacer negocios (...) En Chame y San Carlos donde aparecieron millones no pasó nada, pero aquí sí”, expresó en redes.

Por su parte, Hernández también reaccionó a esta medida a través de historias de Instagram señalando que “están jodiendo a San Miguelito”.

El diputado Luis Duke, de la bancada de Vamos, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica la Ley 106 sobre el régimen municipal, con el objetivo de reordenar la gestión de los residuos sólidos y devolver competencias clave a los gobiernos locales, en medio de la crisis de recolección de basura que afecta a San Miguelito y otros distritos del país.

Durante su intervención, Duke sostuvo que el problema de la basura no se resuelve con operativos improvisados, sino con una gestión integral, técnica y planificada, que incluya estudios especializados, cronogramas claros, rutas y frecuencias definidas, así como recursos suficientes acompañados de transparencia y rendición de cuentas.

Además, cuestionó duramente la capacidad operativa de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), señalando que no ha logrado resolver el problema ni siquiera en la ciudad capital, por lo que resulta riesgoso extender su control a otros distritos.

El diputado también criticó que la legislación vigente haya sido diseñada a la medida del distrito capital, lo que, a su juicio, contradice el espíritu de la descentralización consagrado en la Constitución. “No podemos permitir que una ley municipal responda solo a un distrito. Debe servir para fortalecer a todos los gobiernos locales”, subrayó.

Uno de los señalamientos más fuertes de Duke estuvo dirigido al Órgano Ejecutivo, al que acusó de haberle quitado de manera unilateral a San Miguelito una función que corresponde al municipio, debilitando la descentralización.

“Muy tristemente, y de la forma en que lo ha hecho, el Ejecutivo le arrebató al distrito de San Miguelito una función municipal para responderle a su gente, concentrando el poder y generando dudas en el proceso”, afirmó, al tiempo que calificó la actuación del presidente de la República como autoritaria.

Según el diputado, esta decisión impidió que se ejecutara un plan integral elaborado por la alcaldesa Irma Hernández, que iba más allá de la simple recolección de basura e incluía separación de residuos, reciclaje, campañas de concientización ciudadana y mejoras en infraestructura.

En ese contexto, explicó que su proyecto de ley busca descentralizar y ordenar la gestión de los residuos sólidos, devolviendo esta competencia a los gobiernos locales y redefiniendo el verdadero rol de la AAUD, que debe ser complementario, supletorio y de coordinación, no de control absoluto.

En el tramo final de su intervención, Duke politizó el debate y responsabilizó directamente al Partido Revolucionario Democrático (PRD) de la crisis del aseo en San Miguelito.

“El problema de la basura en San Miguelito tiene nombre y apellido, y es el PRD. A través de sus alcaldes y diputados no han querido resolver este tema, y ahora vienen a levantar la voz y a presentar proyectos de ley que casi nunca presentan cuando se trata de la basura”, concluyó.