‘Es un riesgo legislar en detalle sobre derechos humanos’: advierten sobre proyecto de ley de réplica

El avance en la Asamblea Nacional de Panamá del proyecto de ley No. 391, que busca modificar el marco legal del derecho de réplica, ha generado reacciones entre juristas y gremios periodísticos que advierten posibles riesgos para la libertad de expresión.

La iniciativa, presentada por el diputado Ernesto Cedeño, superó recientemente su primer debate legislativo y se dirige a segundo debate en el pleno. El proyecto plantea cambios en la manera en que los medios de comunicación deben otorgar espacios para rectificaciones o respuestas cuando una persona considera que ha sido afectada por una publicación.

El debate ha abierto interrogantes sobre si el país necesita una nueva regulación en esta materia o si el marco legal vigente es suficiente.

“Es un riesgo legislar en detalle sobre derechos humanos”

La abogada y exprocuradora general Ana Matilde Gómez considera que el debate legislativo ha sido limitado y advierte sobre los riesgos de intervenir normativamente en un ámbito estrechamente vinculado con derechos fundamentales.

“Siempre es un riesgo entrar a legislar en detalle cuando se trata de derechos humanos y este es el derecho humano de la libertad de expresión y de información”, señaló.

Gómez sostiene que el derecho de réplica y la protección de la honra ya cuentan con mecanismos legales y estándares internacionales que orientan su aplicación.

“Las publicaciones tienen ya estándares interamericanos e internacionales aprobados precisamente para proteger la honra y dejar un espacio de interpretación cuando se va a la vía judicial”, explicó.

Desde el punto de vista constitucional, recordó que en Panamá tanto la libertad de expresión como el derecho a la reputación tienen la misma jerarquía jurídica.

“Ambos tienen tutela constitucional, es decir, tienen igual jerarquía. Cuando se trata de dos derechos de igual rango nunca uno debe estar en sacrificio del otro”, afirmó.

Para Gómez, el equilibrio entre ambos derechos debe mantenerse mediante la ética profesional, la autorregulación y los mecanismos judiciales ya existentes.

Además, cuestionó el nivel del debate legislativo que se ha dado hasta ahora.

“Cuando se va a debatir normas de rango internacional, con mucha jurisprudencia a nivel interamericano, tiene que hacerse con los más altos estándares. En este caso ha faltado debate”, indicó.

Gremios periodísticos: la ley vigente ha funcionado

Desde el ámbito del periodismo, el abogado Guido Alejandro Rodríguez Lugari sostiene que la regulación actual ha demostrado ser efectiva y que una nueva legislación podría resultar innecesaria.

Rodríguez recordó que el derecho de réplica, rectificación y respuesta ya está regulado en Panamá desde 2005.

“La ley 22 del 29 de junio de 2005 fue una construcción colectiva en la que participaron medios, gremios periodísticos, políticos y el gobierno nacional”, explicó.

Según el fiscal del Fórum de Periodistas de Panamá, los datos de aplicación de esa norma evidencian su funcionamiento.

“En casi 21 años de vigencia solo se ha interpuesto una acción de tutela judicial y no se ha impuesto una sola multa a medios de comunicación”, señaló.

Esto, a su juicio, demuestra que los medios han cumplido con otorgar el derecho de réplica cuando corresponde.

Riesgos de intervención en contenidos editoriales

Rodríguez también expresó preocupación por algunos planteamientos contenidos en el proyecto legislativo, particularmente aquellos relacionados con la ubicación o prominencia que deberían tener las réplicas.

“En los principales medios del mundo se destinan páginas específicas para las réplicas precisamente para no interferir en el contenido editorial”, explicó.

Según indicó, la obligación de publicar una respuesta en el mismo espacio o con la misma prominencia podría generar conflictos prácticos en el funcionamiento de los medios.

“¿Cómo se define la prominencia en un medio impreso o digital? Son cuestiones que no tienen lógica y que pueden interferir con la línea editorial”, sostuvo.

Advirtió además que una regulación de este tipo podría producir efectos indirectos sobre el ejercicio periodístico.

“Siempre existe el peligro de que, con amenazas de multas o acciones civiles, se produzca autocensura en periodistas y medios que investigan la labor de los funcionarios públicos”, afirmó.

Diferencias entre réplica, rectificación y respuesta

Rodríguez subrayó también la importancia de distinguir correctamente los conceptos jurídicos vinculados al derecho de réplica.

Explicó que la normativa vigente integra tres figuras distintas: réplica, rectificación y respuesta.

“La réplica es la versión de la persona afectada frente a lo que se publicó. Es decir, el medio publica una información y la persona tiene derecho a presentar su versión”, indicó.

En cambio, aclaró que los casos de calumnia o injuria corresponden a otro ámbito jurídico.

“Cuando un medio publica una información calumniosa o injuriosa, eso se dirime por la vía penal o civil. No es lo mismo que el derecho de réplica”, explicó.

Un debate que continúa en la Asamblea

Mientras el proyecto avanza en el proceso legislativo, organizaciones periodísticas han advertido sobre la necesidad de un debate más amplio con los sectores involucrados.

Para los críticos de la iniciativa, cualquier modificación en materia de libertad de expresión debe analizarse con especial cautela, debido a su impacto en el funcionamiento de la democracia.

El proyecto de ley deberá ahora enfrentar su discusión en segundo debate en la Asamblea Nacional, donde se espera que continúe la discusión sobre el equilibrio entre la protección de la reputación y la libertad de prensa.