Contraloría pone bajo la lupa el financiamiento poselectoral del diputado ‘Lucho’ Duke

La Contraloría General de la República activó un proceso de revisión a los informes de rendición de cuentas del financiamiento público poselectoral contra el diputado de libre postulación Luis Duke, según una resolución emitida en agosto de 2025.

Ante esto, la Dirección Nacional de Fiscalización General ordenó el examen de los informes financieros presentados por quienes reciben recursos del Estado en concepto de financiamiento político poselectoral.

En el documento, la entidad fiscalizadora informó que se realizarán “las diligencias necesarias para reunir los elementos de juicio que permitan presentar los resultados oportunamente”, y solicitó al despacho del diputado brindar toda la colaboración requerida durante el examen de los informes de rendición de cuentas.

Este 8 de enero, en paralelo a ese proceso, el equipo de la Contraloría y el despacho del diputado Duke sostuvieron una reunión para revisar los procedimientos relacionados con el manejo de los recursos del financiamiento poselectoral. El encuentro fue transmitido en vivo a través del Instagram del diputado.

Durante la reunión se explicó que el análisis se basa en el Decreto 32 y el Código Electoral, que regulan el uso del subsidio poselectoral, y que el Tribunal Electoral (TE) ha ido ajustando sus directrices, especialmente para los candidatos de libre postulación, debido a la novedad del modelo y a los programas de formación dirigidos a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.

El equipo técnico detalló los mecanismos de control que utiliza el despacho del diputado, incluyendo el uso de registros contables en Excel, la exigencia de facturación electrónica y la elaboración de notas explicativas que justifican cada gasto del subsidio.

En la reunión también se explicó el proceso de archivo de documentos, el control de cheques —incluidos los anulados— y la verificación de la disponibilidad presupuestaria antes de autorizar cualquier desembolso.

Se destacó que los cheques son manejados personalmente por el diputado y que solo él tiene la facultad de firmarlos.

Tanto el Tribunal Electoral como la Contraloría aclararon que lo que se está realizando es un “examen” y no una auditoría, cuyo propósito es verificar los procedimientos, identificar debilidades y sugerir mejoras en la administración del financiamiento público poselectoral.

El proceso forma parte de los esfuerzos de fiscalización del uso de los fondos públicos destinados a la actividad política y busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el actual quinquenio legislativo.