Cumberbatch contrató como directora a funcionaria inhabilitada

El alcalde de San Miguelito, Gerald Cumberbatch, se ha visto involucrado en una nueva polémica. Primero fue el controversial viaje a Albacete, España, patrocinado por una empresa privada para revisar proyectos de viabilidad urbana para el distrito, por el que se le abrió proceso, aunque fue sobreseído.

Ahora, una de las funcionarias del ayuntamiento se ha visto obligada a abandonar la administración tras ser denunciada por ejercer funciones públicas estando inhabilitada para desempeñarlas.

Entre 2012 y 2013, Delsa Isabel Powel de Pérez fue condenada por delito de peculado doloso, sancionada con treinta meses de prisión e inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la condena. Sin embargo, eso no fue impedimento para que Powel entrara a trabajar en enero de 2015 como directora administrativa de la Alcaldía del distrito de San Miguelito.

‘Considero que la administración de Gerald Cumberbatch es cómplice; conocen la condición de la señora Powel y permiten que la misma desempeñe un cargo para el cual se encuentra inhabilitada', señala la denuncia interpuesta ante el contralor general, Federico Humbert, el 27 de junio de 2016. Otra denuncia similar fue interpuesta el 5 de septiembre de 2016.

‘Solicito a su distinguido despacho se investigue y sea removida del cargo como directora administrativa del Municipio del distrito de San Miguelito', reza el escrito al que tuvo acceso La Estrella de Panamá y por el que preguntó a los representantes del burgomaestre.

La Alcaldía de San Miguelito, a través de un vocero autorizado, señaló que no había recibido notificación de la denuncia interpuesta ante la Contraloría General de la República, ni mucho menos documento que indicase que la funcionaria estaba inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, la funcionaria renunció el lunes 26 de septiembre de 2016, solo días después de que La Estrella de Panamá preguntara a la Alcaldía de San Miguelito por su nombramiento.

EL POLÉMICO VIAJE A ALBACETE, ESPAÑA

En septiembre de 2015, la administración de Gerald Cumberbatch fue blanco de duras críticas. El máximo funcionario de la Alcaldía de San Miguelito viajó con gastos pagados por una empresa, a Albacete, España, para revisar proyectos de movilidad urbana. Mientras que el flamante alcalde subía fotos a las redes sociales montado en bicicleta, el sector Samaria sufría los estragos de las lluvias. Noventa y seis familias se vieron afectadas por deslizamientos de tierras

La zarina anticorrupción, Angélica Maytín, inició una investigación por el viaje del alcalde de San Miguelito, alegando que los funcionarios públicos no deben aceptar viajes pagados por empresas interesadas en ofrecer sus servicios al Estado.

Por este viaje, la Fiscalía Tercera Anticorrupción abrió un proceso contra la administración pública contra Cumberbatch, pero posteriormente lo sobreseyó.

La funcionaria trabajaba en la comuna de San Miguelito desde enero de 2015; es decir, dentro del periodo en el que se encontraba inhabilitada para ejercer funciones públicas.

‘La Alcaldía de San Miguelito cumplió con todos los procesos para hacer un nombramiento, que al final es refrendado por la Contraloría General de la República', señaló el vocero de Relaciones Públicas.

El procurador General de la Administración, Rigoberto González, explicó a este diario que en ocasiones la información no se registra a tiempo en la Contraloría, que es la que refrenda los nombramientos en las instituciones descentralizadas, y ‘cuando vas a ver, están nombradas'.

González señaló que cuando hay una condena de esta naturaleza, el Órgano Judicial no solo debe notificarlo a quien cumplirá la pena, sino también a quien debe llevar el registro (Contraloría General) para que cuando se vaya a hacer el nombramiento, aparezca el antecedente.

‘Si a la Contraloría no llegó la información, es probable que ellos tampoco tuvieran conocimiento de la condena‘, agregó.

A juicio de González, deben existir más controles para evitar este tipo de situaciones, que permiten que una persona condenada e inhabilitada sea nombrada sin que haya salido a la relucir la información.

La Estrella de Panamá conoció de terceros que en la base de datos de la Contraloría General la funcionaria no aparece como inhabilitada, pero al cierre de esta edición, la Contraloría General de la República no había corroborado la información.

El abogado Juan Carlos Araúz, sobre este asunto, señaló que hay una ausencia de comunicación entre el Órgano Judicial y el Ejecutivo para incorporar dentro de la base de datos las prohibiciones.

A juicio de Araúz, el caso de la funcionaria expone la necesidad de profesionalizar el Estado garantizando que la comunicación del Órgano Judicial tenga una aplicación inmediata en el sistema de administración pública y las sentencias sean de estricto cumplimiento y no se vulneren los controles.

Los nombramientos del Municipio de San Miguelito los hace el alcalde, pero Contraloría debe refrendarlo y verificar que no hay dualidad de salarios ni impedimentos para ejercer funciones públicas. En Contraloría existe un sistema de control que debe detectar estas situaciones, siempre y cuando el Órgano Judicial haya referido la información correspondiente.

LA CONDENA

El 11 de octubre de 2013, el Juzgado Noveno de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá emitió la sentencia N°SC-93 en la que declaró penalmente responsable a Delsa

‘EL ÓRGANO JUDICIAL NO SOLO DEBE NOTIFICAR A QUIEN CUMPLIRÁ LA PENA, SINO TAMBIÉN A QUIEN DEBE LLEVAR EL REGISTRO (CONTRALORÍA GENERAL), PARA EVITAR ESTE TIPO NOMBRAMIENTOS',

RIGOBERTO GONZÁLEZ

PROCURADOR

Isabel Powel de Pérez, condenada a 30 meses de prisión por el delito de peculado culposo, en perjuicio de la Dirección de Mantenimiento Urbano y Domiciliario (Dimaud).

En esta sentencia, Edith Meza de Mendoza, que fungía como jefa encargada del departamento de Bienes Patrimoniales de la Dimaud, también fue sentenciada a 24 meses de prisión, por peculado culposo, e inhabilitada para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo.

El proceso se abrió por una denuncia de Carlos Vallarino y una posterior auditoría de la Contraloría General de la República sobre la venta de vehículos y piezas, compras menores y despachos de órdenes de gasolina y diesel, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004.

Los auditores Leo Cención, Adolfo Mela y Luis C. De La Cruz establecieron que la venta de vehículos y piezas representó $1,955, y en estas transacciones se incluyó un pick-up , cupo número 1827, por $100. El auto no estaba descartado y tenía un avalúo de la Contraloría de $5 mil. Al efectuar esta venta, se ocasionó un perjuicio económico por $4,900, indicaron los auditores.

Powel, como jefa de la Dirección de Bienes Patrimoniales de la Dimaud, autorizó la venta de vehículos y piezas de los mismos que se encontraban en los patios de Curundú y Carrasquilla.

Estaba además vinculada a la venta Edith Meza, jefa encargada del departamento de Bienes Patrimoniales, por autorizar la venta del pick-up 1827. Powel, por su parte, autorizó la venta de las piezas y vehículos restantes, por $1,955. Mientras que el avalúo de la Contraloría General de la República indica que tenían un valor de $6,002, según la resolución de sentencia.

Esta última transacción no contó con la autorización del Consejo Municipal. Dentro de esta operación financiera estuvo la venta del pick-up .

En su favor, Powel señaló que la venta de los vehículos se produjo con la autorización del director general y que el dinero obtenido de las ventas fue depositado en las arcas de la Dimaud, y que no tenía conocimiento de que la venta debía haber sido autorizada por el Consejo Municipal.