Panamá vuelve a fallarle a las mujeres

Los crímenes, cometidos por un hijo, una expareja y un presunto desconocido, reflejan una crisis estructural que sigue cobrando vidas, mientras el sistema institucional muestra debilidades.

Sólo en mayo de 2025, tres mujeres fueron asesinadas en Panamá en hechos diferentes, pero con el mismo trasfondo: la violencia de género. La crueldad de estos crímenes, uno de ellos cometido por un hijo, otro por una expareja y otro aún bajo investigación, evidencia que no se trata de casos aislados, sino de una epidemia silenciosa que cobra vidas.

El 4 de mayo, los vecinos de Río Abajo se despertaron con la peor escena: el cuerpo sin vida de Jannette Philips, de 65 años, yacía golpeado y sin identificación en el patio de una residencia. Horas después, su hijo fue arrestado como principal sospechoso.

El 15 de mayo, Anaelisa de Martínez fue acribillada por su exmarido en los estacionamientos de un edificio en Hato Pintado. Se habían separado apenas tres semanas antes. El hombre, luego de dispararle, se quitó la vida. La hija que ambos compartían quedó huérfana.

El 26 de mayo, en Chame, una mujer halló dentro de su nevera el cuerpo de otra fémina envuelto en una bolsa negra. Aunque el caso aún está bajo investigación, las autoridades buscan a un sospechoso de nacionalidad nicaragüense.

En 2024, a nivel nacional, se registraron 23 femicidios y un transfemicidio, según el informe más reciente del Observatorio de Femicidios de Panamá. A esto se suman nueve tentativas y 25 muertes violentas de mujeres que no califican legalmente como femicidio, pero no por ello son menos graves. Hasta abril de 2025, el Ministerio Público reportó 5 casos, 44 % menos que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 9 casos.

Para la abogada Omayra Ríos Arosemena, estos casos no deben verse como excepciones. “No es una película. No es una serie. Es la cruda realidad que muchas mujeres viven en silencio”. Insiste en que “callar también mata” y que hay una urgente necesidad de educación emocional, legal y social para que las mujeres puedan reconocer y denunciar situaciones de violencia antes de que sea demasiado tarde.

“Muchas mujeres están desinformadas, aisladas y sin herramientas para defenderse”, advierte. Para ella, el peligro no comienza con el golpe, sino con la invalidación constante, la manipulación emocional y el aislamiento silencioso que precede al crimen.

Agresores cercanos a las víctimas

El análisis del Observatorio revela que el 48 % de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. En otros casos eran familiares cercanos. A pesar de la gravedad de los hechos, solo dos han sido condenados hasta ahora. Siete sospechosos siguen libres.

La provincia de Panamá concentra la mayoría de los casos, mientras que Herrera y Los Santos no han reportado femicidios este año. La mayoría de las víctimas tenían entre 20 y 39 años, aunque el caso de Jannette demuestra que ninguna edad está exenta del peligro.

La violencia, además, se ha vuelto más letal. El uso de armas de fuego se ha incrementado y se extiende incluso a zonas rurales.

Uno de los impactos más fuertes y del que poco se habla es la orfandad. Unos 20 menores de edad han quedado huérfanos este año debido a femicidios.

¿Qué falta por hacer?

Omayra Ríos lo resume, “no podemos seguir esperando a que el sistema nos proteja, cuando nos siguen matando en silencio. Es urgente reforzar políticas públicas, fiscalizar los procesos judiciales y, sobre todo, fomentar la educación emocional y de género desde las escuelas. Mientras tanto, el mensaje es ‘educarte es protegerte. Callar es exponerte”, afirma la abogada.

Carla Morely, directora de la obra Caso de casa, que se presentó el mes pasado, cuenta a este medio que cuando estaban haciendo el guion hicieron un trabajo de investigación. ¿Qué encontró? “Que el sistema de denuncias, a diferencia de otros países, es muy accesible. Por ejemplo, en Venezuela, si haces una denuncia en un distrito y te vas a otro buscando refugio, no sirve. Allá no hay conexión entre distritos. Aquí en Panamá, en cambio, el Ministerio Público está abierto 24/7 y siempre hay alguien para atenderte. Eso es maravilloso”.

Sin embargo, la directora entendió que “hay pocos fiscales para la cantidad de casos. Y muchas mujeres han reportado que, al llegar a denunciar, les hacen preguntas tipo: ‘¿Estás segura de que quieres denunciar?’ o ‘¿Tienes hijos? ¿Quién va a pagar la comida si tu esposo va preso?’. Incluso: ‘¿Sabes que si no se confirma la violencia, tú podrías tener consecuencias legales?’. Esas preguntas existen, y aunque algunos fiscales quizás las hacen para confirmar que el caso sea sólido, desde mi perspectiva son muy peligrosas. Porque muchas mujeres llegan con miedo y ese tipo de cuestionamientos las ahuyenta”.

Añade que también está el tema de las lesiones físicas. “Si no hay evidencia visible, muchas veces el proceso va más lento. Si hay una herida evidente, sí te mandan de inmediato al médico forense para el peritaje. Pero si no, todo se dilata. Y ni hablar del tema de los albergues. Muchas mujeres no pueden volver a su casa porque temen por su vida. Hay albergues supuestamente secretos... pero todo el mundo sabe dónde están. No tienen seguridad. Les quitan el celular, quedan incomunicadas. Y si tienen hijos, ¿qué pasa con esos niños durante el tiempo que están ahí?”.

Políticas públicas

A partir del análisis efectuado por La Estrella de Panamá en mayo de este año, se pueden identificar las políticas implementadas y los principales desafíos del Ministerio de la Mujer en su esfuerzo por enfrentar la violencia de género en Panamá.

La falta de enfoque en la atención directa, el mal uso de recursos y la baja rendición de cuentas representan obstáculos graves para el cumplimiento de su misión.

Política Pública de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (Ppiom): es una hoja de ruta nacional con 15 ejes de acción que abordan temas clave como educación, empleo y medio ambiente. Tiene un horizonte de ejecución de 2024 a 2034. Fue mencionada como documento base entregado a la actual ministra Niurka Palacios por la exministra Juana Herrera.

Centros de Ayuda Integral (CAI): son programas enfocados en ofrecer atención integral a mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, no hay información pública clara sobre su funcionamiento actual.

Talleres interinstitucionales y capacitaciones: según la cobertura en redes sociales del Ministerio, gran parte de su trabajo en los primeros diez meses ha estado centrado en actividades como reuniones, talleres y capacitaciones.

A pesar de contar con un presupuesto y una política pública ambiciosa, el Ministerio de la Mujer no ha demostrado aún un impacto concreto en la protección de las mujeres panameñas ni en la reducción de la brecha de género.

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