Afloran diferencias entre Corte y Ministerio Público

PANAMÁ. La postergación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) por dos años en el Tercer Distrito Judicial (Chiriquí y Bocas del Toro) y tres años para el Primer Distrito Judicial (Panamá, Colón y Darién) —propuesta presentada por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional— ha aflorado el choque de opiniones entre el Ejecutivo y algunos estamentos del Órgano Judicial.

Ayer, en entrevista con el Noticiero Estrella, Ana Belfon, procuradora General de la Nación, aseguró que el Ministerio Público ‘está listo’ para continuar con la implementación del nuevo sistema de justicia.

Belfon agregó que independientemente de si la Asamblea Nacional pospone o no la implementación del SPA, la institución a su cargo está preparándose para iniciar con su ejecución, a través de procesos de capacitación.

‘Si se atrasa o no, para cualquiera de las alternativas estamos listos’, precisó.

Con la postura de la máxima autoridad del Ministerio Público coincide el director del Instituto de Medicina Legal (IMEL), Humberto Más, quien ayer afirmó que la preparación de especialistas ‘no se ha detenido ni tiene intenciones de hacerlo’, pero recalcó que ‘no cuentan con el dinero suficiente para pagarles a estos profesionales’.

Aún así, el funcionario fue cauto al emitir algún comentario concreto sobre la conveniencia o no de aplazar el SPA en el Primer y Tercer Distrito Judicial.

Las declaraciones de los máximos representantes del Ministerio Público y el IMEL han puesto en jaque la postura de la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo.

ARGUMENTOS DE LA CORTE

Durante la discusión en primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de la posposición del Sistema Penal Acusatorio, Ana Bouche, representante de la Corte en los debates, expresó alto y claro ante los diputados la intención de esta instancia de ‘avalar la decisión del Ejecutivo’.

Bouche, también representante administrativa de la Junta Directiva del Órgano Judicial, esbozó entre sus argumentos que ‘sería irresponsable’ activar el SPA en las regiones del país ‘cuando hacen falta recursos’, ya que aún no cuentan con el recurso humano, científico ni técnico. También destacó que la complejidad de la incidencia delictiva en provincias como Chiriquí se ha disparado y, por ende, garantizar la efectividad del SPA sería ‘insuficiente’.

En sí, la funcionaria de la Corte pintó un panorama gris. Ella asegura que si bien la intención del Órgano Judicial no es eliminar el SPA, se mostró convencida de que ‘habrá un alto índice de impunidad precisamente por la falta de recursos, que no han sido dotados’.

Pero, ¿cuánto se necesita? Bouche calcula que entre $40 millones y $50 millones sería la cifra requerida.

LA POSTURA DEL CNA

Pero el planteamiento de la Corte no ha sido compartido por algunas agrupaciones. El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), César Ruiloba, asegura que la posposición del SPA ‘es una decisión política ’ que el gremio rechaza por ‘inconsulta’, ya que se decidió de manera unilateral.

¿Qué le vamos a pedir al SPA, si tenemos el mismo sistema inquisitivo desde hace 500 años?, es la pregunta que se hace el jurista. Ruiloba no entiende cómo se va a posponer un sistema que arrancó en unas regiones del país mientras que en otras no se sabrá cuándo se implementaría.

Esta acción, a su criterio, provocaría el surgimiento de dos tipos de justicia penal: la que se aplicará a través del SPA en Coclé y Azuero; y aquella que se sostendrá sin el SPA.

Por esta razón, frente a la paralización del SPA, el máximo dirigente de los abogados hizo un llamado para que se inicie un amplio diálogo nacional para evaluar las acciones que se están tomando.

INFORME DE GESTIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Desde la Alianza Ciudadana Pro Justicia, tampoco existe justificación para aplazar el SPA. Magaly Castillo, directora Ejecutiva de esta organización, explica que los informes de gestión del Ministerio Público y del Órgano Judicial del 2012, señalan las inversiones en infraestructura y todo el éxito que ha tenido el sistema acusatorio en las provincias de Coclé y Veraguas.

En dicho reporte, se destaca que lo que en el sistema mixto duraba 172 días, con el SPA solo dura 58 días; es decir, que el nuevo proceso penal es cincuenta por ciento más rápido y eficiente: el 73.2 de las sentencias dictadas se realizaron por acuerdos de pena, mecanismo que constituye uno de los procedimientos alternos a la solución de conflictos. En total, se registraron 189 sentencias, de las cuales 183 fueron condenatorias y seis absolutorias.

Por este y otros argumentos, Castillo rechaza la propuesta del Ejecutivo, que ayer pasó a segundo debate en el pleno legislativo. Para la también jurista, es lamentable posponer un sistema que en otros países de América Latina se ha implementado en un año, mientras que en Panamá ya lleva cinco años, lo que, a su criterio, convierte a Panamá en ‘el país más inepto de América Latina’.