Ricala y la CSJ de Moncada Luna

Una de las sociedades anónimas vinculada al proceso del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, detenido por enriquecimiento injustificado, giró miles de dólares a la Fundación Ricala, cuyo representante legal es Ricardo Alberto Calvo Latorraca, amigo y compadre del exjuez y ahora en paradero desconocido.

El capital llegaba también a la cuenta de Summer Venture Inc., a cargo de Felipe Virzi y el mismo Calvo Latorraca, como firmantes.

Entre enero y septiembre de 2013, la empresa de compra de medicamentos Mediprex Investment, S.A. giró al menos $380 mil de la cuenta con terminación 2723 del Banco Universal, a la fundación de fines privados,

ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁ'Las autoridades deben verificar si hubo afectación a dineros del Estado' Esmeralda de Troitiño, Comisionada electa de la CIDH

Con el cheque con terminación 0089, el 25 de enero de 2013, Mediprex giró $80 mil a esta fundación. Casi dos meses después, el 22 de marzo de 2015, la empresa emitió $50 mil a la misma cuenta de la fundación.

Las transacciones continuaron un mes y medio después. El 3 de mayo de 2013, la empresa emitió un tercer cheque a la fundación por un monto mucho mayor, $150 mil y el 13 de septiembre de 2013 se elaboró otro cheque por $100 mil con los mismos fines.

De la misma cuenta de Mediprex Investment también se giraron cheques para Summer Venture.

Entre noviembre y diciembre de 2013, la empresa giró al menos $400 mil a la cuenta de esa empresa, según los documentos a los que tuvo acceso este medio.

Summer Venture es otra de las sociedades anónimas que estuvo vinculada en el proceso que se siguió al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. Además, ha sido señalada en distintos casos de corrupción de la pasada administración de gobierno.

El informe que recibió este periódico revela que los firmantes de esta cuenta son Mauricio Ortiz Quesada y Claudio Poma, socios de Calvo Latorraca en la constructora P&V, única empresa panameña que participó en el consorcio que se adjudicó la construcción del Centro de Convenciones de Amador.

ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁ'Toda gestión de un funcionario público está sujeta a revisión' , Juan Carlos Araúz--Vicepresidente del Colegio de Abogados

Estos mismos socios de Ricardo Calvo fueron vinculados en algunos de los contratos del órgano Judicial cuando lo presidía Moncada Luna.

Tanto Poma como Quesada, Calvo y Virzi han sido llamados a rendir indagatoria ante la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada dentro de la investigación abierta por presunto delito de blanqueo de capitales que siguió al proceso contra Moncada Luna.

El Ministerio Público recogió la investigación contra Moncada Luna que cerró la Asamblea Nacional, tras llegar a un acuerdo con el exmagistrado, por el que cumple pena desde marzo pasado.

Esmeralda de Troitiño, exmagistrada de la Corte, abogada litigante y comisionada de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, advierte que es una responsabilidad de las autoridades verificar de manera efectiva todo lo que tuviera una dudosa afectación de los dineros del Estado.

Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), coincide con la jurista. ‘Toda gestión de un funcionario público está sujeta a revisión. Más aún si existen señalamientos o dudas con relación a la transparencia de la misma, como es el caso del exmagistrado', señaló Araúz.

¿Cuántos contratos otorgó?, ¿quienes se beneficiaron con estas contrataciones?, ¿se concluyeron las obras? son algunas de las interrogantes que requieren una respuesta, considera Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia, ante la dudosa gestión del exmagistrado de la CSJ.

La gestión de Moncada Luna, quien purga una condena de 60 meses de prisión y está inhabilitado por el mismo periodo para ejercer funciones públicas, estuvo marcada por irregularidades que no llegaron a investigarse por el acuerdo con el fiscal de su caso, Pedro Miguel González, y en virtud del sistema procesal acusatorio por el que se le investigó.

Entre los casos que trascendieron durante el proceso, el más conocido fue la contratación directa de la empresa CEMI Group, que se encargó de la rehabilitación y equipamiento del edificio 351 que alberga los juzgados de familia, antiguo edificio Ifarhu-Emberá, por un monto de $2.4 millones.

archivo | la estrella de panamá'Es importante saber quiénes se beneficiaron con las contrataciones', Magaly Castillo -- Alianza Ciudadana Pro Justicia

Este contrato fue objetado por la Alianza Ciudadana pro Justicia por fraude en los actos de contratación pública.

El grupo denunció que el informe técnico señalaba que la empresa contaba con experiencia en el mercado por haber participado en la construcción de gran variedad de proyectos y remodelaciones, y entregarlos en tiempos menores al estipulado, entre otras ventajas.

Sin embargo, la empresa había sido inscrita en el Registro Público hacía solo un año y la Junta Técnica del Ministerio de Obras Públicas le otorgó la resolución de operación pocos meses antes de ganarse el contrato .

La denuncia está a punto de sobreseimiento provisional debido a la demora de una auditoría solicitada a la Contraloría General, en el periodo de Gioconda Torres de Bianchini. Castillo considera que ‘este proceso tiene que retomarse'.

La empresa, cuyos titulares son Marco Quirós, Bladimir Becerra y Mario Lyma Young, llegó a tener como director a Mauricio Ortiz Quesada.

La empresa fue registrada el 17 de enero de 2012, fecha que coincide con el periodo en el que Moncada Luna asumió la presidencia del máximo órgano de justicia.

El contrato para la elaboración del diseño de las especificaciones, planos finales, construcción y equipamiento del edificio que alberga diez salas de audiencia en los centros penitenciarios La Joya y La Joyita por un monto de $4.9 millones también genera dudas en cuanto a la forma de adjudicación.

El informe técnico describe que la empresa de ingeniería KMT resultó la más apropiada para la tarea porque contaba ‘con 10 años de experiencia en construcción' y se ha destacado por su experiencia en diseño, construcción, supervisión de proyectos con montos de más de $10 millones.

Sin embargo, fue el 27 de abril de 2012 cuando Ingeniería KMT se registró en el Ministerio de Comercio para iniciar operaciones, por lo que solo ha transcurrido un año, y no diez, como se afirma en el Informe Técnico.

Uno de los puntos que llama la atención del contrato con la empresa Ingeniería KMT, es que en la propuesta técnica que señala los rubros a cotizar está una planta eléctrica de 500 KVA 120/280 en $150 mil, mientras que el contrato que firmaron con CEMI Group, la cotización de una planta con las mismas especificaciones técnicas tiene un costo de $15 mil. ¿Por qué nadie se fijó en este detalle? ¿Por qué ambos contratos se aprobaron con precios tan dispares?

El contrato a la empresa fue otorgado el 7 de junio de 2013. Los titulares de la sociedad Ingeniería KMT son María Rosario Mente de Caro, Antonio Tamaro Gamiz y Rosanna Alfonsina Mente de Caro.

Según la información que recabó La Estrella de Panamá , Mauricio Ortiz es firmante de una de las cuentas de esta empresa.

En el contrato que firmó la empresa con el órgano Judicial aparece un teléfono que no responde al titular, según confirmó Mario Villarreal, del Departamento de Contabilidad de Multiservicios Gursac, quien, sin embargo, se ofreció a servir de contacto con KMT. ‘Deje su número que vamos a localizar a la empresa para que la contacte', indicó.

LO MÁS RECIENTE

Uno de los casos más recientemente conocido fue el anticipo de $2.1 millones que se otorgó a la empresa Teyco - CSA para la construcción de la Unidad Judicial de Veraguas, en Santiago, por un monto de $14.4 millones, en un terreno de dos hectáreas que donaría el empresario Felipe Alejandro Virzi.

Este contrato fue refrendado por la Contraloría General de la República el 7 de octubre de 2013. La semana pasada, el presidente de la CSJ rechazó la donación del terreno.

En esta misma investigación fueron detenidos preventivamente los representantes de la empresa Sociedad Conceptos y Espacios, encargada de la construcción y remodelación de algunas de las sedes regionales del órgano Judicial.

Oscar Rivera, quien es el presidente de la sociedad Omega Engineering, Inc., encargada de la construcción de la Ciudad Judicial en Panamá Oeste, a un costo de $16.4 millones, también está llamado a indagatoria en esta investigación de la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada.

ACLARACIÓN

Summer Venture, disuelta en 2014

Summer Venture Inc, sociedad anónima constituida el 14 de marzo de 2006 en Islas Vírgenes Británicas y que ha sido mencionada en varios escándalos de corrupción ligados a la pasada administración de gobierno, fue disuelta el 31 de octubre de 2014.

Esto según consta en un documento de la Comisión de Registros Financieros de las Islas Vírgenes donde se inscriben las compañías y al que este medio de comunicación tuvo acceso.

Involuntariamente, este diario identificó a Irina Ábrego de Espinosa como preside esta sociedad, sin percatarnos de que existían dos sociedades con el mismo nombre, una creada en Panamá y la otra en las Islas Vírgenes Británicas, de la que hemos seguido el rastro.

Aclaramos así que Ábrego no tiene ninguna relación con la sociedad investigada por supuesto actos de corrupción que involucran a Felipe Virzi y Ricardo Alberto Calvo. La Summer Venture Inc. registrada en las Islas Vírgenes británicas funcionó durante siete años antes de ser disuelta. La de jurisdicción panameña sigue habilitada.

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